La vicepresidenta Gabriela Michetti presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo en el que pidió su sobreseimiento por falta de delito e intentó explicar, con algunas contradicciones, el origen de los fondos que le robaron el pasado 22 de noviembre, consistente, según su declaración testimonial en $245.000 y U$S 50.000. Su escrito no coincide con lo que ella misma había declarado a los medios de comunicación cuando se conoció el robo.

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En la presentación, realizada por los defensores, Ricardo Gil Laveedra y Alicia L. Cano, Michetti asegura que "sólo surge como hipótesis delictiva el origen de las sumas de dinero" sustraídas en su domicilio "sin que se advierta qué relación puede tener esto con la actividad de las Fundaciones que enumeran, pues respecto de ellas no se describe ningún hecho concreto que pueda catalogarse como delictivo", por lo que solicita que las denuncias contra la organización SUMA "no puede formar parte de la imputación", intentando así limitar la causa a los de los fondos sustraídos y su proveniencia.

En este sentido, Michetti agrega que "el objeto de esta causa no puede ser investigar a SUMA en términos generales y abstractos, sino exclusivamente en la medida que se vincule con el hecho concreto", afirmando su intención de centrar la causa en torno a los fondos y no a la legalidad de su organización no gubernamental.


Michetti vs Michetti

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