El Gobierno confirma la marcha atrás en relación a su posición inicial respecto del fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 en un caso de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, conducida por Claudio Avruj, pidió como querellante en otra causa que no se aplique la jurisprudencia del caso Muiña por considerarlo "desproporcionada".

Avruj fue el primer funcionario nacional que salió a emitir opinión, horas después del fallo en el que Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti confirmaron la reducción de pena para un represor por aplicarle la "ley penal más benigna". Avruj dijo que estaba "de acuerdo" con el fallo. "Hay que ser respetuosos del fallo de La Corte sobre el 2x1", agregó en este sentido, para luego afirmar que "por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley".

En esta ocasión, la Secretaría consideró "inadmisible" la solicitud del represor Carlos Trucco por considerar que existe una "desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la Ley Penal Más Benigna (en este caso el 2x1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad".

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En el caso Muiña, el represor había sido detenido en 2007 y sentenciado en 2011 a 13 años de prisión. La polémica ley del 2x1 estuvo vigente entre 1994 y 2001, seis años antes de que Muiña cayera en la cárcel.

Asimismo, la Secretaría consideró que la normativa internacional establece que "no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2x1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de Lesa Humanidad". Aquí se marca una diferencia con lo anunciado por el senador Federico Pinedo, que anunció un proyecto de ley para que el 2x1 sea aplicable solamente a aquellos detenidos que hayan estado en esa ocasión durante la vigencia de la ley.