La ANSES dio marcha atrás con la exigencia de que los pensionados justifiquen las razones que dieron origen a sus beneficios. La medida fue duramente cuestionada y muchos temieron dejar de cobrar sus haberes. El organismo previsional continuará con los pagos y buscará la información por vías internas.

La Circular DPA 15/2017 de hoy del ente que dirige Emilio Basavilbaso, a la que tuvo acceso El Destape, establece que “en el día de la fecha ha finalizado la etapa de comunicaciones mediante el orden de pago previsional, prevista en el programa de rutina de actualizaciones de datos de ANSES”.

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La comunicación interna aclara que los mensajes que demandaban certificados dejarán de aparecer en los recibos y que los pensionados no deberán realizar trámites, aunque podrán presentar la documentación en caso de que lo deseen.

Fuentes cercanas a Basavilbaso especificaron a este medio que la intención de la medida era “agilizar los trámites que estaban incompletos”, ya que a partir de la reparación histórica dieron cuenta que muchos de los longevos registros estaban incompletos.

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Al respecto, el abogado previsionalista Christian D’Alessandro criticó que la medida inicial “genera inseguridad jurídica en un país que tiene que tener, en el marco del Estado de derecho, ya un beneficio acordado que no puede ser sujeto a revisión permanente”.

“La ANSES no le puede dar de baja a nadie un beneficio ya otorgado”, coincidió un vocero del organismo, quien quiso transmitir tranquilidad al aclarar que ninguna pensión se dio de baja por este motivo. Más aún, en caso de que el ente previsional desee quitar alguna, debe probar que estuvo mal otorgada y no en sentido contrario. De hecho, las suspensiones y eliminaciones de haberes por incapacidad las decidió el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Carolina Stanley.

Fueron citadas más de 37.000 personas para que corroboren sus datos, pero se presentaron hasta el momento alrededor de 5.000. Entre otros certificados, a los pensionados les solicitaron que entreguen los comprobantes de la fecha de fallecimiento del causante del beneficio, fecha del ingreso al país de extranjeros y convivencias para parejas no casadas. Estos pedidos, dijeron desde el Gobierno, siempre fueron voluntarios y esta pareció la manera más expeditiva de resolver la carencia de algunos datos.

Ahora, el ente tendrá que buscar la información por los otros dos medios que históricamente posee: revisar los papeles originales archivados y requerirle los propios al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

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