Joseph Lewis hizo su fama por comprar un gran terreno al lado del Lago Escondido y bloquear todos los caminos que permitían llegar a él. El Presidente, amigo del magnate británico, lo defendió públicamente con una mentira comprobada por la Justicia. El 24 de marzo del año pasado, Mauricio Macri se había hospedado con su familia en la residencia del inglés.

El acceso al Lago está permitido al público por un único camino de montaña. Sin embargo, la Justicia expidió que este trayecto no es suficiente y ordenó que se abran otros caminos existentes y preexistentes, algo que no cumplen ni el Estado de Río Negro ni el empresario.

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El jefe de Estado defendió a Lewis en enero, en su primera conferencia de prensa del año. En defensa del multimillonario, que recibe críticas por distintas organizaciones por limitar el acceso a la zona, sostuvo que "el Lago [Escondido] tiene mejor acceso que el que tenía antes de que Joe Lewis compre esa propiedad".

Tal como mostró Chequeado.com, un informe realizado por la Universidad Nacional de Río Negro junto con la Legislatura de dicha provincia, la empresa Hidden Lake SA de Lewis tiene 11.285 hectáreas, un 7% de las tierras de San Carlos de Bariloche, y es el segundo extranjero con mayor cantidad de hectáreas de dicha ciudad. El estudio explica que en 1996 Lewis compró alrededor de 12.000 hectáreas que circundan el lago y que se encontraban en manos de los herederos de Eliseo Montero.

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Según dijo Macri en la conferencia, y como consta en la defensa judicial de la empresa Hidden Lake SA, el acceso al Lago está permitido por un camino de montaña. Sin embargo, la Justicia señaló que este trayecto de montaña no es suficiente.

La senadora nacional por la Coalición Cívica y amparista en la causa judicial contra Lewis, Magdalena Odarda, aseguró al portal que transitar dicho camino "requiere un esfuerzo físico muy importante" y que es "imposible para quien no sea una persona adiestrada". El camino (de Wharton a Cajón Azul) son 33 km de sendero de montaña y se trata de una travesía de aproximadamente cuatro días para la cual es necesario utilizar caballos, ya que se deben cruzar dos ríos, y los puentes que permitían hacerlo fueron destruidos.

En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro falló en reiteradas oportunidades a favor de la apertura de caminos preexistentes a la construcción de la propiedad del empresario inglés.

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En 2009, la Justicia provincial sostuvo que, además del camino al que hizo referencia Macri en su conferencia, otro trayecto preexistente llamado "camino de Tacuifí" (que nace en el paraje El Foyel y que atraviesa la propiedad de Lewis) debería quedar en la responsabilidad de la actual Dirección de Vialidad Rionegrina para "asegurar el acceso al Lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad". Esto quedó firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero a pesar de eso el organismo estatal y el empresario incumplieron con el fallo.

El presidente de Hidden Lake SA y vocero de Lewis, Nicolás Van Ditmar, alegó en declaraciones radiales el año pasado que: "Cedimos gratuitamente un acceso para la provincia para que cualquiera que quiera acceder al lago lo pueda hacer. Es una caminata muy linda que la gente en verano hace. Por otro lado tenemos nuestro acceso privado, que si alguien solicita el acceso la hacemos, tenemos dos visitas por semana".

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En 2013, el juez de Bariloche a cargo de la ejecución de la sentencia, Carlos Cuellar, fijó un plazo de 30 días para cumplir con el señalamiento de la traza larga del acceso a Lago Escondido y de 90 días para la traza corta. Este fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería provincial en 2014. Pero en septiembre de 2016, con argumentos procesales, el STJ de Río Negro revocó la sentencia de la Cámara y ordenó que el mismo tribunal, con otra integración, vuelva a emitir una sentencia sobre el caso.

"La influencia ejercida por la empresa Hidden Lake SA sobre distintas gestiones gubernamentales -provinciales y locales- y todo tipo de ardides judiciales han permitido dilatar el cumplimiento efectivo de esa histórica sentencia", denunció Odarda. Y, además, concluyó: "Es el Estado provincial, en cada instancia, el responsable de la ejecución de las obras".

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