Aunque el Gobierno lo niegue públicamente, por lo bajo analiza cómo impulsar una profunda reforma laboral para después de las elecciones en sintonía con lo ocurrido en Brasil, en busca de bajar el "costo laboral": la vuelta de la flexibilización.

Los puntos más controvertidos fueron publicados este miércoles en el matutino El Cronista Comercial. Allí se destaca que buscan modificar más convenios colectivos de trabajo, reduciendo el peso de los mismos. Una idea que piensan tomar del modelo brasileño es la de privilegiar los "acuerdos" individuales por sobre los de los convenios. Así, se debilita la negociación colectiva, principal fortaleza de los trabajadores a la hora de reclamar mejores condiciones.

Todo esto, de la mano de otra obsesión del Gobierno que ya viene llevando a cabo: modificar los convenios sectoriales, en línea con la flexibilización laboral de Vaca Muerta. Allí, los gremios aceptaron una reducción salarial de hasta 40% a cambio de fomentar la actividad y generar más empleo, algo que hasta ahora no se ha mostrado así.

Convenios individuales, creación de figuras de trabajo precarias y reducción de aportes forman parte de las medidas

Otro aspecto que está en gateras es la creación de categorías laborales más precarias, como las de "trabajador autónomo" o "monotributista dependiente", como es el caso del inscripto en el régimen simplificado que factura para un solo empleador. Esto legalizaría una situación que se da de hecho pero que luego suele generar conflictos en la Justicia, lo que el Gobierno mal denomina "la mafia de los juicios laborales".

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Además, crearía la figura del "teletrabajo" o trabajo a distancia, con la imposibilidad de cobrar horas extras, algo que también se limitó en Brasil. Esto se hace, argumentaron fuentes en off al matutino financiero, para facilitar el ingreso laboral de jóvenes al mercado de trabajo.

Por último, también busca reducir los aportes a los sindicatos, que en algunas actividades es obligatorio de parte de los trabajadores y de las empresas. A esto se le sumaría la reducción de las alícuotas de las ART y un recorte en las cargas sociales.

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