Los abogados laboralistas cuestionaron la decisión del presidente Mauricio Macri de sacar por un decreto de necesidad y urgencia la modificación al sistema de Riesgos de Trabajo, que había sido tratado en el Senado y debía ser analizado en la Cámara de Diputados. Definieron a la medida como "arbitraria e inconstitucional", señalaron que el objetivo es "reducir a toda costa el reclamo judicial" y abandonar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que había ponderado en derecho de los trabajadores por sobre las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

"El decreto está teñido de inconstitucionalidad porque la excusa para sacarlo es que la norma estaba en trámite parlamentario. Con ese criterio no habría norma que resista el trámite parlamentario ¿Cuál es la urgencia real? La única urgencia es garantizar el incremento de la rentabilidad empresaria en desmedro de los derechos fundamentales de la persona que trabaja, el derecho a la vida y la integridad psicofísica", sostuvo el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte.

La decisión del Gobierno también fue cuestionada por Héctor Recalde, que se desempeñó como abogado laboralista de varios gremios y de la CGT y encabeza el bloque de diputados del Frente para la Victoria. "La sanción del Senado era mala. Esto, que la replica, es ilegal e inconstitucional. El 21 de diciembre lo sancionó el Senado y no hay razón de necesidad y urgencia sino autoritarismo ¿Si Macri entendía que era urgente y necesario por qué no citó a extraordinarias para tratar este tema? No lo hace porque sabe que va a haber dificultadas en Diputados", afirmó.


"Veníamos preocupados por la economía y los problemas sociales y ahora le sumamos el problema institucional. Comenzó su gobierno nombrando dos abogados como jueces de la Corte en comisión. Después cambió la ley de blanqueo aprobada en el Congreso para que pudieran sumarse los progenitores", agregó Recalde.

Durante las audiencias públicas desarrolladas en el Senado para analizar la reforma a la Ley de Riesgo de Trabajo, el proyecto fue cuestionado por abogados, juristas y representantes de los trabajadores. Uno de los ejes que sostuvieron los abogados era que para bajar la cuestionada "litigiosidad" había que avanzar en modificar el rechazo de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) a contemplar a la mayoría de las enfermedades laborales, que terminan como reclamos ante los tribunales.

Cremonte y Recalde coincidieron en criticar que el nuevo sistema obliga a los trabajadores a "someterse" a las Comisiones Médidas, que es un procedimiento médico-administrativo que ya fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia. "Ahora les quitan a los trabajadores el derecho de acudir a un tribunal laboral", dijo Cremonte.

Sobre este punto, María Paula Lozano, la abogada de la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, explicó que las Comisiones Médicas -que están contempladas en la ley- habían dejado de funcionar de hecho porque la jurisprudencia les había quitado entidad. "Pero este decreto establece que los trabajadores deben ir primero a la Comisión Médica y después pueden ir a la justicia laboral. De esta forma, se pretende sortear la jurisprudencia de la Corte y reducir los reclamos", indicó.

"Además, este decreto establece que si el trabajador quiere apelar judicialmente lo que dijo una Comisión Médica debe hacerlo en la jurisdicción de esa comisión. Muchas veces esas comisiones son alejadas de la zona donde vive el trabajador porque son asignadas por sorteo. Esto muestra nuevamente cuál es el objetivo del decreto: desalentar los reclamos, privar a los trabajadores de su derecho", agregó Lozano.

Los trabajadores aceiteros tienen un convenio colectivo de trabajo que incluye la existencia de comités mixtos de seguridad laboral, donde participa el sindicato. "Eso permite reducir los accidentes porque los trabajadores no quieren accidentarse", señaló Lozano y precisó que esa herramienta existe, además, en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, aunque no siempre funcionan porque depende de la presión sindical.

Los abogados señalaron también que parte de la problemática se explica por las altas médicas apresuradas, las "deplorables prestaciones", el "permanente maltrato" de los prestadores de las ART y las "reparaciones miserables" de los daños sufridos. "Pero el problema central está en la falta de prevención y seguridad laboral. No se previene porque es mucho más caro. Es más barato pagar una ART por més que invertir en prevenir accidentes", afirmó Cremonte.

En el mismo sentido, Recalde cuestionó el reclamo de las ART y las empresas para bajar el costo laboral. "Hay más juicios de accidentes laborales porque las ART niegan las enfermedades profesionales, sólo el 3 por ciento están reconocidas, y dilatan el pago de las indemnizaciones porque son entidades de lucro. Eso no está mal pero el problema es que deberían prevenir los accidentes y cuidar la salud", sostuvo.

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