La sanción de una ley que restringe la aplicación del 2x1 a represores de la última dictadura militar calmó los ánimos, pero del lado de los fiscales que impulsan las causas de delitos de lesa humanidad esperan que los acusados comiencen a impugnar judicialmente a la flamante normativa.

Así lo deslizaron fuentes de la UFI especializada en delitos de lesa humanidad a El Destape, que estimaron, de forma provisional, que con la nueva ley no quedaría ningún represor en condiciones de pedir la reducción de pena por haber estado en prisión preventiva entre 1994 y 2001. En ese tiempo, solo los casos de apropiación de menores siguieron por estar excluidos de las leyes de impunidad.

Sobre este punto, recuerdan, "la mayoría esperó el juicio excarcelada" por lo que tampoco correspondía ese beneficio. Según datos del Ministerio Público Fiscal que difundió en marzo, el 38% de los 2.780 imputados por estos delitos se encuentran en libertad, mientras que el 41% tiene algún tipo de prisión preventiva (en un penal o domiciliaria).

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Sin embargo, como un juego de ajedrez entre fiscales y defensores de represores, ahora esperan qué movimiento pueden realizar estos últimos para lograr sacarlos de la cárcel. No descartan que, "como pasó con la ley de Medios", comience una suerte de forum shopping con presentaciones simultáneas en varios puntos del país para impugnar por inconstitucional a la ley sancionada de forma exprés en el Congreso.

"Hubo muchos tribunales que hicieron el cómputo del 2x1, como Córdoba o Mar del Plata. Capaz que en tres años se vuelven a presentar", estimaron.

Mientras tanto, se aguarda a la semana próxima a la decisión de la Corte Suprema, que analizará todos los casos de pedidos por el 2x1, luego de la norma que interpreta la derogada. En la semana que pasó entre el fallo de los supremos y la masiva marcha, 65 represores pidieron la reducción de la condena. La historia continuará.