El Gobierno tomó una polémica determinación para terminar con la independencia judicial y va por todo.

Marcos Peña estará a cargo de promover una medida que pone en jaque al sistema judicial y a todos los fiscales. Sucede tras la polémica renuncia de la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó.

En la polémica reforma del Ministerio Público Fiscal que se debate en el Senado se incluyó un artículo para poder revisar y apretar a 1.500 personas (en su mayoría, fiscales) que ingresaron al MPF desde 2012.

El Ministerio Público Fiscal es un organismo extrapoder que no depende del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es el futuro procurador el que debería decidir sobre los empleados y no el Gobierno nacional.

"La cifra surge de un informe, al que tuvo acceso Clarín, que el jefe de Gabinete Marcos Peña le encomendó a las espadas judiciales del Gobierno antes de consensuar el proyecto de ley en el Congreso", reveló el matutino.

De los 1.500 nombramientos, el Gobierno podría deshacerse de mil personas que son parte de la Procuración.

Con el argumento de que "la mayoría son de funcionarios de alta jerarquía" y que "no cumplen con los parámetros que fijan los concursos", el Gobierno tratará así de restringir la independencia judicial y de la Procuración.

El encargado de hacer la depuración será Eduardo Casal, un funcionario con una larga trayectoria en el organismo y que desde 1992 se desempeña como procurador fiscal ante la Corte Suprema.

Todo esto se podrá por la inclusión del artículo 23 del proyecto presentado por el presidente provisional del Senado Federico Pinedo, junto a su par del peronismo, Miguel Ángel Pichetto.

El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal deja sin efecto "las designaciones de funcionarios efectuadas en las estructuras centrales de la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861 - Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, que no hubieran cumplido con un mecanismo de concurso".