Mauricio Macri acumulaba dos denuncias penales en su contra por los negociados con las aerolíneas "low cost", en la que le entregó rutas a compañías vinculadas con su familia y altos funcionarios del Gobierno. Por un pedido de uno de los demandantes, la Justicia unificó hoy las causas y se buscará ampliar el objeto de investigación.

La investigación pasará exclusivamente a las manos del juez Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello, pudo saber El Destape. Tienen imputados a miembros del Poder Ejecutivo, incluidos el Presidente y su padre, Francesco "Franco" Macri.

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El Gobierno le abrió las puertas a un grupo de aerolíneas para que operen con precios más accesibles. Una de las más beneficiadas por las rutas aéreas, Avianca, supuestamente compró MacAir Jet el año pasado de la familia presidencial. Cambiaron la razón social a Avian Líneas Aéreas SA, pero mantuvieron a una de sus cabezas en la presidencia. Por ser el acuerdo secreto, se desconoce cuál es la participación de la familia Macri en la nueva empresa, dado que la regulación prohíbe que un extranjero sea el accionista mayoritario de una aerolínea.

El colombiano Germán Efromovich, dueño de Avianca, negó irregularidades en la operación y dijo no interesarle la imputación que pesa sobre él en la causa. "Nosotros compramos una aerolínea de un grupo, que coincidentemente era de la familia Macri, que tiene varios negocios", dijo a Radio W, de Colombia.

"Aquí no hay nada para preocuparse. No quiero saber; no me interesa", repitió el magnate sobre la indagación de la Justicia en los ilícitos de los que se lo acusa. "A Aerolíneas Argentinas le debe molestar, porque es una compañía que no tenía ningún tipo de competencia. Va a tener competencia de una compañía buena y el Gobierno todavía continúa poniendo una fortuna de plata que está perdiendo esa aerolínea", agregó.

El magistrado Luis Rodríguez recibió hoy en su despacho de Comodoro Py una solicitud de conexidad, que avaló. Con esto, trasladó la demanda de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático al Juzgado que maneja Sergio Torres, en la que el fiscal Jorge Di Lello mantiene imputado al Presidente. La génesis de la causa principal surgió de la presentación de los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.

En el mismo documento, el titular de la ONG, Fernando Míguez, ratificó su denuncia inicial por defraudación al Estado en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y asociación ilícita. Además de los ya imputados, acusó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Producción, Francisco Cabrera; a los coordinadores económicos Mario Quintana y Gustavo Lopetegui; y al buitre Paul Singer, voluminoso prestamista de Avianca.

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Coincidió con que en el mismo día, Tailhade y Cabandié ampliaron la denuncia penal original con el cercano vínculo entre Quintana y Fly Bondi, otra de las "low cost" altamente beneficiadas. Richard Gluzman, vicepresidente de la compañía, se desempeñó como director en Pegasus, el fondo de inversión que creó el funcionario, y también se acompañaron en los directorios de GSF SA, Aroma Café SA, Gustos y Aromas SA y en Entertaiment Depot SA (Musimundo). Gluzman se incorporó a la gestión del nuevo gobierno con un cargo en la delegación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que pertenece al Ministerio de Ambiente.

Están imputados ya en la causa al jefe de Estado, Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario general de la presidencia, Fernando De Andreis; director general de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas; el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin; director nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez; el titular de SIDECO, Francesco "Franco" Macri; el presidente de Avianca, Germán Efromovich; el ejecutivo de Avianca Argentina (y ex MacAir Jet) Carlos Benjamín Colunga López; y a Diego Martín Colunga López, titular de Únicos Air SA (e hijo de Carlos).

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