El juez federal Sebastián Casanello libró una orden de presentación al Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, en busca de documentación vinculada a los convenios en los que se habría favorecido a una asociación civil de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.

Se trata de una denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer por delitos como malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del presunto desvío de fondos a la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN), que presumió "fantasma".

Según el escrito, con los convenios se "favoreció" a ATEVEN, que preside Pablo Pandrich, propietario de la fábrica de columnas para alumbrado a DISMET SA y director de DIMARIVI SA, un mayorista de golosinas.

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El fiscal Franco Picardi impulsó la acción penal y solicitó diversas medidas, entre las cuales estaba el pedido de documentación a la cartera de Aranguren e informes a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA).

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