Hace dos semanas venció la fecha límite que había pedido hace seis meses el Gobierno para estirar las negociaciones por Correo Argentino. Sin embargo, las camaristas que llevan la causa nunca se expidieron y llevaron la prórroga incluso más allá de lo requerido por los funcionarios de Mauricio Macri. La dilación beneficia a la empresa de la familia presidencial, que continúa sin pagar su multimillonaria deuda con el Estado.

En marzo, el entonces Ministerio de Comunicaciones presentó una solicitud para no realizar la audiencia prevista para esa fecha por hasta 120 días, que se suponen hábiles ante falta de aclaración. Por el traspaso de manos del expediente entre las distintas partes interesadas, el límite se estiró al 25 de septiembre.

Sin embargo, en ningún momento de estos seis meses se expidieron María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Si bien Ana Piaggi también forma parte de la Sala B, está excusada en esta causa.

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La inacción de las magistradas no es novedosa, y beneficia a la compañía del grupo Macri, que no le paga al Estado su pasivo desde que comenzó el concurso. El trámite no dura más de dos o tres años, pero que en este caso lleva 16 en los juzgados.

Además de la licuación de la deuda, la fiscal general Gabriela Boquin descubrió un vaciamiento de la empresa postal, llevada adelante por sus ejecutivos con el aval de la jueza de primera instancia Marta Cirulli. Luego de sus dictámenes, se le inició una causa penal federal, junto a Macri, el ex ministro de Comunicaciones y ahora candidato a diputado Oscar Aguad y directivos de la compañía. Todos ellos están imputados por el fiscal federal Juan Zoni en la causa que lidera el magistrado Ariel Lijo.

El Gobierno había rubricado el año pasado un convenio con Correo Argentino para pagar el pasivo en cuotas a 2033, de modo que le condonó $ 70.000 millones. Boquin no había sido informada de la audiencia y pidió la nulidad del documento cuando llegó a sus manos, al acusar falta de legitimación del funcionario nacional firmante. Ante el escándalo denunciado en su dictamen, Macri pidió “volver a foja cero”, por lo que se había convocado a la reunión de marzo que el mismo Ejecutivo pidió prorrogar.