La jueza de primera instancia que entiende el proceso de quiebra de Correo Argentino, Marta Cirulli, se mantendrá al frente de la causa. Está imputada en el fuero penal federal por el vaciamiento de la compañía, ya que le permitió al grupo Macri realizar retiros multimillonarios el año pasado.

En un escrito del 29 de junio al que accedió El Destape, la magistrada se consideró imparcial. Allí respondió el pedido de excusación que le había realizado la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin.

“Nada he juzgado y menos prejuzgado”, consideró Cirulli sobre su accionar. “Encuentro imperativo expresar a todos los sujetos intervinientes en el proceso que continuaré ejerciendo la plena jurisdicción sobre la causa, con la objetividad jurídica, imparcialidad e independencia que impone la Constitución Nacional, y que caracterizaron la actuación que me cupo a lo largo de todo el trámite de este juicio”, confirmó la jueza.

Boquin exhibió el 28 de abril cómo Cirulli le habilitó al grupo Macri retiros de dinero de la cuenta de Correo en 2016, a pesar del concurso de acreedores en el que se encuentra desde 2001 y que no tiene actividades que los justifiquen.

El 28 de abril, la fiscal denunció este vaciamiento. Antes de que le llegue el dictamen a su despacho, la jueza lo contestó; un suceso completamente atípico en el Poder Judicial. Para dar su respuesta previo a lo debido, creó un “incidente transitorio” nuevo.

Allí dijo haber “tomado conocimiento” de la acusación de Boquin y defendió que sus autorizaciones “corresponden a gastos propios del giro ordinario empresarial de Correo Argentino SA”, que fueron de $ 4,7 millones, el 2,7% de los fondos en custodia judicial en 2016. “Mal podría seriamente argumentarse que aquella limitada extracción de fondos haya implicado algún tipo de vaciamiento de Correo Argentino SA, quien -además de ser la propietaria de dicha cantidad-, es titular de otros varios activos tangibles e intangibles”, defendió la jueza.

Esta última frase fue tomada como “prejuzgamiento” por Boquin, dado que además Cirulli omitió computar los bonos del Ministerio de Trabajo que le habilitó extraer a la familia del Presidente. Por esto, el 2 de junio la fiscal denunció que la manifestación de la magistrada de primera instancia resultaron “carentes de fundamento y razonabilidad”.

La respuesta de la jueza llegó el 29 de junio, cuando ratificó su participación en el caso y planteó que no incurrió “en modo alguno en prejuzgamiento”. Explicó además que una serie de bonos no fueron cobrados por Correo, pese a que existen informes de los síndicos que afirman que recibieron los títulos por cifras multimillonarias.

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En febrero, Boquin expuso el intento de autocondonación de $ 70.000 millones de deuda de la compañía de mensajería con el Estado, que fue frenado tras su dictamen. Le envió pruebas al fuero Penal Correccional Federal para que analice además la posible comisión de delitos, ante lo cual el fiscal Juan Zoni imputó a Mauricio Maci y al entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. En junio amplió el marco de la investigación a otros funcionarios, síndicos y la jueza Cirulli. La causa la lleva adelante Ariel Lijo.