En medio de las tomas por la polémica reforma educativa que quiere llevar adelante el Gobierno porteño, la ministra de Educación, Soledad Acuña, negó haber redactado un protocolo para denunciar penalmente a los estudiantes. El documento, no obstante, llegó a las direcciones de los secundarios y tres autoridades iniciaron acciones legales contra los alumnos.

Más de 15 instituciones educativas están tomadas por los estudiantes en rechazo a la “Escuela del Futuro”, el plan de Horacio Rodríguez Larreta para obligar a quienes estén en el último año a realizar pasantías gratuitas en compañías privadas. Ante esto, El Destape verificó que hace dos semanas se repartieron correos electrónicos desde la Dirección de Educación Media con el pedido de “tener presente el protocolo vigente en caso de toma de escuela”, que fue anexado.

Este documento oficial atenta contra la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Convención de los Derechos del Niño, por lo que la Asesoría Tutelar de Cámara a cargo de Gustavo Moreno intimó el viernes a la ministra a que confirme su existencia y lo invalide en el acto.

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La respuesta de seis páginas de la Dirección General de Coordinación Legal llegó en las 24 horas hábiles establecidas. Desde la cartera de Acuña desestimaron oficialmente la existencia de cualquier tipo de instructivo para la toma de establecimientos educativos, lo que se contradice de plano con los mails que le acercaron docentes a El Destape. Abundó la contestación del oficio que ningún director denunció penalmente a un alumno en una comisaría, aclararon fuentes judiciales. Las órdenes a seguir por los directores aclaraban expresamente no individualizar estudiantes en las presentaciones penales.

No obstante, este medio pudo saber que al menos tres directivos aplicaron el instructivo y acudieron a la Policía de la Ciudad o una fiscalía criminal y correccional para intentar que los estudiantes cesen con la “usurpación del espacio público”. En todos los casos citaron acatar el protocolo cuando lo hicieron.

El 7 de setiembre se labró un acta en la escuela Julio Cortázar. Al día siguiente, el vicerrector del Mariano Acosta hizo la denuncia de la toma directamente ante el Ministerio Público Fiscal. Coincidió esta fecha con la denuncia en el colegio de bellas artes Manuel Belgrano, que tramita ante la Fiscalía Penal 31.

“La ministra debió haber dispuesto comunicar a todos los establecimientos secundarios acerca de la inexistencia de protocolo y que el instructivo que estaba circulando no podía ni puede aplicarse. Nada de eso hizo”, cuestionó Moreno a este medio. “Es de una ingenuidad palmaria pensar que denuncia de una toma no implicará en sí misma la denuncia de los alumnos. Denunciado un hecho deviene lógico que autoridad policial o el fiscal buscará identificar a los autores. La consecuencia es la misma: la criminalización de los estudiantes”, esgrimió el asesor tutelar.

El ministerio deberá investigar administrativamente el extraño hecho que niega sucedió, pero esto no le dará marcha atrás a las denuncias ya iniciadas contra alumnos por reclamar por su futura educación. El cambio de las “Secundarias del Futuro”, por ahora inminente, lo aplicará Acuña desde el año próximo.

El reclamo llegó a Amnistía Internacional

Desde Amnistía Internacional le acercaron un pedido de información pública al jefe de Gobierno porteño sobre el instructivo. En el reclamo también enviado al Ministerio de Educación de la Ciudad, la organización también consultó por “las medidas tomadas para garantizar el interés superior del niño y su derecho a ser consultados en las políticas que les conciernen, a ser oídos en sus reclamos y a manifestarse libremente”.

En un comunicado, la entidad que vela por los derechos humanos se mostró “preocupada por que la respuesta ofrecida por el Estado frente a reclamos educativos sea la intervención de las fuerzas de seguridad”.

Amnistía Internacional volvió a manifestar “su preocupación sobre la referencia a que estos hechos podrían constituir delitos o contravenciones, en una muestra de la criminalización del derecho de participación de los estudiantes, lo cual es incompatible con un Estado de derecho en donde las personas tienen la potestad de manifestarse y reclamar a las autoridades”. En este contexto, la ONG condenó “el rol asignado a las fuerzas de seguridad en establecimientos educativos”.

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