El pedido de que se filmen las próximas audiencias, cuyo primer capítulo será el 16 de marzo, lo hizo la fiscal general Gabriela Boquín, autora del dictamen que rechazó el acuerdo por el cuál los Macri se iban a ahorrar el pago de 70.000 millones de pesos de ahora al 2033. El motivo del pedido es sencillo: que quede registro de lo que allí sucederá, más allá del acta formal, dado que es un caso de interés público.

Sin embargo, las juezas que tienen que definir sobre la deuda de Correo Argentino con el Estado se negaron a que se filmen las audiencias donde comenzará a resolverse esta cuestión. Esto sucede tras el escándalo generado por la aceptación de parte del Gobierno de la propuesta de la familia presidencial que implicaba una quita del 98,82% de esa deuda.

El pedido fue dirigido a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que lo recibió al día siguiente. El 9 de marzo, con las firmas de María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, se lo negaron. La fiscal Boquín, en su pedido, recordó que el Estado Nacional solicitó esta audiencia con el fin de obtener “la mayor transparencia pública posible”.

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Para las juezas, la transparencia “se vincula a la aceptación de la propuesta y no a lo actuado en esta sede” y que quedará registro en las actas que firmen los que participen de la reunión. Lo cierto es que, si no su hubiera hecho público el dictamen de la fiscal Boquín que rechazó este acuerdo, todo hubiera quedado tras el velo de los pasillos judiciales.

La fiscal justificó su pedido en el interés público por esta causa y por una cuestión concreta: desde que se destapó el escándalo por la condonación de la deuda a la familia presidencial, Boquín fue sometida a una campaña mediática para descalificarla fogoneada por los propios funcionarios de Macri, en especial el jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Comunicación Oscar Aguad. “A los fines de asegurar esa transparencia buscada por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo que la misma es de especial interés para esta Fiscal -atento a que diversas publicaciones se refieren a mi actuación en forma difamatoria y falaz, atribuyéndole finalidades inexistentes o ajenas a la misma- es que a V.E. (o sea, a la Sala B) solicito que la/s audiencia/s que se realice/n sea/n filmadas”, escribió Boquín.

“Lo solicitado -agregó la fiscal- no sólo resultará útil a los fines de obtener mayor transparencia del acto sino también garantizará la seguridad y la prevención de presiones tendientes a alterar el cumplimiento de mi deber en la protección del interés general”. No se trató sólo de presiones mediáticas.

La próxima audiencia del 16 de marzo será la primera vez que las juezas, el Estado, Correo Argentino SA y la fiscal Boquín se sentarán en una mesa tras el escándalo desatado por la publicidad del acuerdo que habían hecho los Macri de ambos lados del mostrador.

En recientes declaraciones a La Nación, Leonardo Maffioli, CEO de Socma (que controla de forma indirecta Correo Argentino SA), afirmó: "Después de todo lo que pasó, es muy difícil que un juez se anime a fallar a favor nuestro". Por ahora tiene una buena noticia: nadie podrá ver lo que pase en el nuevo capítulo de esta historia.