La Auditoría General de la Nación (AGN) inició las tareas de auditoría técnica en el Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones para relevar las acreencias de Correo Argentino SA con el Estado.

Según adelantó mediante un comunicado, la AGN ya conformó el equipo técnico al que se le encomendará la confección de dos estudios especiales sobre el concurso preventivo de acreedores el Correo Argentino SA. La homologación del acuerdo fue suspendida por instrucción del presidente, Mauricio Macri, tras el revuelo político que generó la noticia del convenio alcanzado entre la empresa de Franco Macri y el Gobierno nacional.

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Este primer paso dado por la AGN se realiza luego de que la Casa Rosada manifestara su voluntad de que el órgano contralor tomara participación en la investigación del conflicto, y en respuesta a lo resuelto por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional, que le otorgó un plazo de 90 días prorrogables por 30 días más para remitir al Congreso el informe de gestión con el relevamiento de los créditos del Estado con la empresa de la familia Macri.

Además, el Congreso le había solicitado a la AGN "un relevamiento de los reclamos administrativos y judiciales entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A. y de su continuadora Correo Oficial de la República Argentina, así como de sus controlantes desde la presentación del concurso preventivo".

Según quedó fijada en la resolución, el informe de gestión deberá contemplar los siguientes elementos: "Verificación de la valuación de los créditos, revisión de metodologías de cálculo aplicadas, análisis de instancias intervinientes, revisión de mecanismos de actualización y de costos judiciales estimados, análisis de recuperabilidad, revisión de la valuación de la propuesta a considerar".

También, se facultó a la AGN a convocar a tales fines al juez de concurso, a los síndicos, al servicio jurídico del Ministerio de Comunicaciones, a especialistas en quiebra, y a catedráticos del Derecho Constitucional y Administrativo.