Luis María Blaquier le puso la firma al memorando con Qatar pero, luego de ser imputado en la investigación penal, renunció como titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El funcionario comprometió al envío de dinero de los jubilados a una offshore, pese a que dentro de la ANSES le manifestaron “preocupación” por el acuerdo 15 días antes.

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Luego de extensas negociaciones, Argentina y el país árabe rubricaron el polémico tratado el 6 de noviembre del año pasado. Tal como reveló El Destape, allí el Gobierno de Mauricio Macri prometió aportar U$S 300 millones a una sociedad creada en una guarida fiscal y el de Tamim bin Hamad Al Thani otros U$S 1.000 millones.

El objetivo era crear un fondo que invierta en proyectos de infraestructura argentinos desde allí, pero con un administrador privado. Ese rol tenían pensado ocuparlo quizás el extenista Gastón Gaudio y su amigo el financista Diego Nicolás Rosendi, quienes recibieron información privilegiada de parte de funcionarios, pese a no formar parte de ninguna de las partes intervinientes.

Dos semanas antes de que se escriture el memorando de entendimiento (MOU, sus siglas en inglés), Blaquier fue alertado dentro del FGS por las inconsistencias que tenía el plan del Gobierno con la ley y las regulaciones locales.

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En la reunión del 20 de octubre del Consejo del organismo que maneja U$S 56.074 millones de los jubilados, el subdirector ejecutivo de Operación del Fondo develó que trabajaba “conjuntamente con la Secretaría de la Presidencia de la Nación abocada a personas jurídicas extranjeras (según consta en la documentación que posee este medio, con Horacio Reyser, asesor de Macri) en busca de fomentar la inversión en el país”. En ese sentido, informó haber tenido varias conversaciones con distintos fondos soberanos, siendo uno el de Qatar, “con el que estuvieron reunidos en Doha y quizás se conforme una iniciativa conjunta en la cual este fondo extranjero invierta entre U$S 500 millones y U$S 1.000 millones en la Argentina”.

Según consta en el acta 44 del ente, de público acceso, el consejero Carlos Recke (en representación de la Confederación Patagónica de Entidades de Jubilados y Pensionados) le consultó por los beneficios del MOU, Blaquier respondió que muchos inversores “se sienten acompañados y no tan expuestos para invertir si tienen al FGS como socio”, además de que “potencia las inversiones que el Fondo puede hacer en infraestructura”.

Acto seguido, el contador Marcelo Venecia, presidente del Consejo del FGS, lo indagó si ya había firmado algún vínculo contractual entre las partes. A esto, Blaquier explicó que “todavía están en una etapa preliminar de negociación, pero ven un interés real. Una vez que exista un acuerdo entre las partes deberían definir un administrador de esos fondos”.

Esta parte fue una de las más controversiales, puesto que viola la regulación del propio organismo previsional. Repreguntado por ese punto por parte de Venecia, el paladín de Emilio Basavilbaso alegó que “el FGS no tiene los recursos para formar un equipo que administre cada una de sus inversiones, no siendo ese el rol del Fondo. Al igual que en muchas otras inversiones es conveniente que la administración la lleve adelante un profesional especializado”. Además, afirmó que “es preferible que un tercero sea el administrador para evitar inconvenientes diplomáticos”.

Ante esto, "el consejero Horacio Fernández (representante de la CTA) manifestó su preocupación, ya que ante cualquier conflicto los tribunales competentes serán los del domicilio del administrador". Además, que un privado gestione dinero de los jubilados está prohibido por la legislación local, de modo que los funcionarios públicos negociaron con los cataríes un memorando que sabían no podían consumar sin incumplir con sus deberes.

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Tal como mostró El Destape la semana pasada, Rosendi, el amigo de Gaudio, posee experiencia en offshores, ya que cuenta con cerca de U$S 8 millones en dos en las Islas Vírgenes Británicas.

Al poco de revelado el MOU, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático radicó una denuncia penal, la que fue ampliada por el diputado nacional Guillermo Carmona. La procuradora María Paloma Ochoa imputó a todos los involucrados y, si bien esto fue desestimado por el juez Daniel Rafecas, la titular de la Fiscalía 10 apeló hoy la decisión. Será entonces la Cámara Federal (aún no sorteada la sala) la que decida si se da inicio a la investigación penal.

El acta completa de la reunión del Consejo del FGS dos semanas antes del MOU

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