La AFIP realiza una investigación interna para determinar si la familia Macri declaró alguna de las 50 offshores en las que está involucrada en los Panamá Papers. También analizan el historial fiscal de los testaferros e intermediarios que figuran en la causa penal.

El juez Sebastián Casanello le había exigido al organismo recaudador en mayo del año pasado las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Francesco, Gianfranco y Mariano Macri entre 2012 y 2014. Luego, le reclamó una investigación más profunda y con datos históricos sobre la familia, incluido Mauricio Macri.

Fuentes judiciales revelaron a El Destape que el ente le envió al magistrado un cronograma de entrega de la documentación fiscal requerida. Busca posibles ilícitos cometidos en la Argentina por las sociedades creadas en guaridas fiscales por el grupo empresario.

Por requerimiento de la Justicia, la AFIP inició una investigación en Grandes contribuyentes, pero además analiza a todos los mencionados en los Panamá Papers sospechados de poseer compañías no declaradas en el exterior.

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Francesco “Franco” Macri debió declarar todas las sociedades de las que dice ser dueño, creadas a partir de 1982 (como Kagemusha SA). Sus hijos, incluido el jefe de Estado, debieron presentar la documentación de las offshores de las que son accionistas y por las que cobran honorarios de directores. El Destape había revelado otras ocho empresas que no fueron inscriptas en papeles a nombre la familia Macri, sino de ejecutivos uruguayos del grupo, lo que permite sospechar que ofician de testaferros.

Casanello y el fiscal Federico Delgado comenzaron la investigación por una posible omisión maliciosa del Presidente, pero ahora analizan la hipótesis de lavado de dinero. Poseen el respaldo documental de que Fleg Trading Limited movió U$S 9,3 millones de Bahamas hasta Brasil, desde una offshore a sociedades “legítimas”, todas propiedad del grupo presidencial.

En febrero, la Unidad de Información Financiera (UIF) defendió al denunciado con los argumentos de SOCMA, mediante un escrito enviado al magistrado. El organismo de inteligencia bancaria afirmó que “no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal (a Mauricio Macri)”. Asimismo, opinó que “no está acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de U$S 9 millones haya sido efectuado”.

Una fuente especializada anónima explicó a este medio que la unidad antilavado posee últimamente “una posición más politizada”, mientras que la AFIP “una línea técnica más uniforme, por lo que los investigadores deberían esperar un informe más completo y neutral”.

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En otra línea altamente crítica a los Panamá Papers se pronunció hoy la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Cuestionó duramente a los investigadores por la demora de la causa, cuando apoyaron a Francesco Macri y revocaron el pedido de “amicus curiae” de Fernando “Pino” Solanas y Alejandro Olmos.

Los investigadores encontraron múltiples obstáculos en conseguir datos del exterior. La voluntad de Cancillería, a cargo de Susana Malcorra, resulta vital para conseguirlos, pero los resultados han sido escasos para Panamá y Bahamas y la dilación de la documentación desde las guaridas dificulta la causa.

La causa comenzó con la denuncia penal del diputado nacional, Darío Martínez, a poco de que se conocieran los Panamá Papers en 2016. El legislador del Frente Para la Victoria realizó una decena de ampliaciones con nueva información que recolectó en Argentina, Brasil y Panamá.

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