La Agencia Federal de Inteligencia espió ilegalmente a militantes de la zona donde desapareció Santiago Maldonado.

Así lo reveló un informe del diario Tiempo Argentino. Saltó el dato durante la audiencia de un juicio por la “usurpación” promovida por la multinacional Benetton. En una instancia procesal por la ocupación de un terreno ubicado en la localidad chubutense de Leleque, Departamento Cushamen, Chubut, a meses de la asunción de Mauricio Macri.

"Ante el tribunal local la Defensoría Oficial denunció la existencia de un archivo con investigaciones secretas sobre 30 militantes, que nada tenían que ver con el objeto del caso", cuenta el diario.

La maniobra fue denunciada ante los tribunales federales por la fiscal del fuero y derivó en el procesamiento "sin prisión preventiva" del espía, de los tres fiscales locales, del comisario Adrian Muñoz y del subcomisario Claudio Rodríguez. El procesamiento contra todos los involucrados fue resuelto en febrero pasado por el juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo que tiene en sus manos, desde hace 20 días, la investigación sobre el paradero del joven Santiago Maldonado.

"Este jueves, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia notificó la confirmación del procesamiento del espía, que fue enviado desde Trelew hasta Esquel y cuya identidad es mantenida en reserva por la misma norma. La resolución de segunda instancia fue firmada hace diez días, pero comunicada este jueves a las partes involucradas, entre ellas, los dos abogados querellantes que están a cargo de la defensa de las 30 personas que fueron espiadas por el agente de la AFI", relata Tiempo Argentino.

El abogado Osvaldo González Salinas explicó que el espía de la AFI, cuyo procesamiento fue confirmado, no es el único que aparece dentro del expediente 12012/2015. También figura un segundo espía que reside en Esquel, y que trabajó en conjunto para confeccionar las fichas que la ex SIDE puso a disposición de los tres fiscales para que lo insertaran en el expediente y blanquearan el procedimiento ilegal que, en rigor, se trata de una de las “precausas”, o expedientes paralelos, que el organismo de inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación realiza a espaldas de los tribunales.

El diario accedió a las fichas realizadas. Se trata de 26 legajos realizados a integrantes del Movmiento No A la Mina, donde se puede apreciar que los agentes recopilaron detalles personales, hábitos, ubicación, filiación política y opiniones individuales para profundizar la persecución de esos activistas. Entre ellos, están los abogados Gustavo Macayo y González Salinas, que representan a los docentes, periodistas, y activistas espiados, aunque el segundo de los dos letrados fue uno de los diez concejales de Esquel hasta diciembre de 2015 y también fue objeto de las operaciones de espionaje.

"Nosotros creemos que las tareas de inteligencia continúan y con más fuerza. Lo que se supo hace dos años fue un error que cometieron porque se les traspapeló el archivo. Pero esto continúa con más virulencia, y lo sabemos de gente que milita por los derechos humanos en Esquel y que está siendo hostigada e investigada en sus trabajos. Eso nos preocupa mucho, aunque toda la operación de espionaje hay que enmarcarla en el pedido de extradición contra el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, porque el espía procesado habría sido enviado a Esquel para tratar de saber donde estaba el lonko cuando no se sabía su paradero", detalló González a Tiempo Argentino.

Según los activistas espiados el operativo de inteligencia continúa en la misma zona donde desapareció Maldonado, en un plan de persecución instrumentado desde la AFI, para controlar el nivel de conflictividad en zonas sensibles para las corporaciones mineras y también para multinacionales como Benetton. Y hay grandes sospechas sobre el rol de Gendarmería y la llamativa presencia de Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich.