El juez civil que participó en la demanda de Mauricio Macri a su padre fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura. El organismo que controla a los magistrados deberá investigar si Andrés Fraga cometió irregularidades al beneficiar al Presidente. Como había revelado El Destape, presenta conflictos de intereses, dado que ahora espera un ascenso que depende del Gobierno.

A partir de los Panamá Papers se descubrió que Macri figuró en el directorio de al menos dos offshores (y está vinculado a más de 50). Pese a que todos los documentos lo imputan, intentó despegarse de las compañías con una sagaz estrategia judicial.

Cuando alguien desea demostrar que no tiene vínculo con una sociedad, debe denunciar a la empresa en un juzgado comercial. Sin embargo, Macri creyó que evitaría contratiempos si demandaba a Francesco “Franco” Macri y en otro fuero, el civil, donde por un sorteo en diciembre recayó en manos de Andrés Fraga, un magistrado que concursaba un ascenso.

Con un tratamiento exprés, el titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 104 determinó el 20 de septiembre que el mandamás del Poder Ejecutivo no dirigió Fleg Trading ni Kagemusha pese a que figuró en los directorios de ambas offshores. Fraga le dedicó ocho de las 46 páginas de su fallo para justificar su competencia y no la de la jurisdicción natural de esta causa.

Como mostró El Destape, mientras retuvo la causa, lo posicionaron segundo en un concurso para ocupar uno de cinco cargos en la Cámara Civil (dos en la sala C, y uno en la G, J y K). Para llegar a esas vocalías precisa, primero, ser seleccionado por el Ministerio de Justicia y, luego, los votos de Cambiemos en el Senado para aprobar su pliego.

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Este cruce de intereses llamó la atención de la camarista Marcela Pérez Pardo, quien pidió una investigación de la Superintendencia del Tribunal del fuero. El organismo administrativo rechazó la petición de la jueza de la sala L el 2 de noviembre con las firmas de Liliana Abreut de Begher, Patricia Castro y Beatriz Verón, quienes interpretaron que “los hechos descriptos exceden el marco de atribución de competencia”, pudo saber este medio.

Ante esa negativa, Pérez Pardo solicitó el lunes pasado que las juezas remitan al Consejo de la Magistratura para su conocimiento las copias del legajo vinculado a su nota, ya que este es el que ejerce la potestad disciplinaria sobre los magistrados.

El mismo organismo que destituyó a Eduardo Freiler con movidas más políticas que técnicas y pretende suspender a Daniel Rafecas por el contenido de un fallo, ahora deberá analizar el caso del juez que benefició a Macri.

El fallo civil de Fraga no quedó en la nada, sino que fue luego citado por la jueza penal Elizabeth Paisan como argumento para sobreseer a Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. La magistrada subrogante concursó para titular y el Gobierno la nominó para el Juzgado Criminal y Correccional Nacional Nº 12. Ahora el Senado deberá votar su pliego para que consiga su nuevo cargo.

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