La polémica resolución del PAMI, que crea una fundación que adopta algunas de sus obligaciones, fue denunciado por gremios y el propio titular de la Defensoría de la Tercera Edad como un intento de privatización del organismo encargado de la salud de los jubilados.

El defensor Eugenio Semino aseguró al diario Tiempo Argentino que no está "de acuerdo con nada que tenga que ver con la privatización del PAMI. Logramos parar la privatización de Alderete en 1998 con una medida cautelar ante la jueza García. Nuestra postura sigue siendo rechazar toda forma de privatización".

A su vez, el secretario adjunto del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEP) de la CTA de los Trabajadores, Eduardo Terráneo, explicó que la medida dispuesta por el organismo que interviene Sergio Cassinotti "le da funciones de PAMI paralelo y privado. Por más que la Fundación sea ‘sin fines de lucro’ es formalmente una institución privada. Puede haber un vaciamiento del PAMI a favor de la fundación transfiriendole la plata del PAMI para que sea ella la que brinde los servicios”.

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Se referían a la resolución 956 del INSSJP, que crea a la fundación PAMI, que será financiada con los propios fondos del organismo. La nueva fundación tomaría obligaciones que hoy son del PAMI pero estará regulado como cualquier organismo privado. Esto le implica, por ejemplo, que no necesita llamar a licitación y someterse a controles como los que tiene el PAMI, y en cambio puede gastar el dinero como lo decida.

Además, toma obligaciones propias del organismo, como la administración de sanatorios y las ambulancias propias del PAMI, que ahora pasarán a depender dela fundación.

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