El juez Ariel Lijo detuvo sin procesamiento al ex vicepresidente Amado Boudou por presunto enriquecimiento ilícito. La medida llegó solo dos días después de que dos ONGs macristas pidieran su remoción al Consejo de la Magistratura, precisamente, acusándolo de cajonear causas de corrupción.

El último miércoles, las organizaciones Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hicieron sendas presentaciones ante el Consejo contra los magistrados Ariel Lijo y Daniel Rafecas. Lo hicieron en base a un estudio que habrían realizado durante los últimos 20 años del Poder Judicial en el que habrían llegado a la conclusión que Lijo y Rafecas presentaban demoras injustificables en el trámite de causas por corrupción.

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Ahora, y de manera sorpresiva, el mismo juez que envió a juicio oral la causa por la compra de la ex Ciccone pidió la prisión preventiva de Boudou y el empresario José María Núñez Carmona, acusándolos de formar parte de una "asociación ilícita" y de haberse enriquecido indebidamente.

Dichas ONGs son las mismas que denunciaron a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y por la cual lograron un fallo que habilitaba su remoción sin necesidad de juicio político. El fallo, a la medida de los intereses del Gobierno, habilitó la puerta a una reforma del Ministerio Público Fiscal que y forzó a Gils Carbó a renunciar para evitarla.

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