En diálogo con El Destape, el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino brindó un panorama de los principales problemas que afronta la Provincia de Buenos Aires.

-ED: En estos casi dos años de gobierno de Cambiemos, ¿cuáles son los mayores reclamos que llegan a la Defensoría del Pueblo?

-GL: En la Provincia de Buenos Aires hoy tenemos una situación bastante dramática con los nuevos cuadros tarifarios de luz, gas y agua. Esto se ve reflejado en que la gente muchas veces tiene imposibilidad de afrontar esas facturas de servicios esenciales. La gran preocupación que nosotros tenemos es que la inversión que hay que hacer y lo que tiene que ver con la mejora de servicios ha sido solamente a costa del bolsillo de la gente. No ha habido razonabilidad en los aumentos. Había que llevarlos adelante, pero no de esta manera. Hoy los servicios en la Provincia de Buenos Aires son malos, como hace mucho tiempo, y encima caros. Estos servicios consumen un gran porcentaje del ingreso de los trabajadores y de las familias bonaerenses. El otro tema que hemos visto es que se ha deteriorado bastante la salud pública. En el último tiempo, programas muy sensibles como Incluir Salud o el Remediar se han desactivado. Los sectores más vulnerables, la gente que tiene enfermedades terminales o patologías permanentes no están teniendo la cobertura necesaria.

-ED: ¿Cuáles son los sectores que más sufren este tipo de medidas?

-GL: Todos. Hoy los asalariados se ven afectados por una inflación que no se ha detenido, con servicios públicos que han subido y con el deterioro que ha habido del ingreso fijo. Los salarios no acompañan; las paritarias fueron del 18 - 20 % y hay subas de servicios públicos del 80, 60 y hasta el 100%. Más allá de que hay una situación económica endeble, lo que hay es un gran deterioro del consumo. La gente tiene que comprometer cada vez más para el pago de servicios públicos esenciales que antes no lo tenía como una preocupación. No hubo gradualidad en el acompañamiento de la actualización de los cuadros tarifarios y eso es lo que vemos como mayor impacto en todos los sectores: jubilados, clase media, trabajadores, pymes, clubes de barrio. Estos sectores tienen mucha dificultad en términos de afrontar las tarifas de los servicios públicos. Hay muchos casos que se ven obligados a cerrar sus persianas.

-ED: ¿Cómo afectan las reformas laboral y tributaria a estos sectores?

-GL: Desde la Defensoría somos un órgano defensor y difusor de derechos. Ante cualquier ley o situación de política pública que vulnere derechos de trabajadores, jubilados, de ciudadanos en general, obviamente nuestra mirada será critica y nos opondremos. Siempre que las leyes sean en beneficio de más derechos vamos a estar de acuerdo. Estamos con mucha expectativa de lo que plantea el Gobierno Nacional, pero, a priori, esta es nuestra filosofía: nada que vulnere o limite ningún derecho conquistado.

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- ED: Mario Quintana, dueño de Farmacity, quiso desembarcar la cadena en la Provincia ¿Cómo está esa situación?

-GL: La Provincia de Buenos Aires tiene una ley de farmacias que se encuentra vigente hace 30 años. Ningún gobernador la ha modificado; ni Felipe Solá, ni Eduardo Duhalde, ni Daniel Scioli, ni María Eugenia Vidal. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Que en los 300 mil kilómetros cuadrados de la Provincia uno pueda acceder al medicamento y que no haya grupos concentrados que monopolicen la venta de medicamentos. Por eso se busca que la distancia entre una farmacia y otra esté regulada. Por otro lado, otro requerimiento es que las sociedades que desembarquen en la Provincia no sean sociedades anónimas. Eso fue aceptado por las más de 5 mil farmacias que hay en la Provincia y por todos los grupos económicos que han decidido invertir en la Provincia. El único grupo que no acepta esas reglas de juego es el grupo Pegasus (Farmacity). La ley está vigente, es constitucional y hay que aceptarla. Nosotros estamos presentados en la Corte, intentando evitar que declaren inconstitucional una ley que funciona bien, que permite que 5 mil farmacias funcionen en la provincia, que permite que la gente pueda acceder al medicamento y que no haya un grupo monopólico dominante. ¿Cuál es el riesgo nuestro? Que este grupo pretenda modificar la ley sin ir al parlamento, a través de la vía de la justicia. Si Farmacity quiere ir a la Provincia de Buenos Aires tiene que aceptar las reglas de juego.

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