El coordinador nacional a cargo del Programa para el Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Juan Félix Marteau, fue denunciado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, utilización de informaciones reservadas con fines de lucro y tráfico de influencias.

El escrito, que quedó en el juzgado de Claudio Bonadio, citó la nota publicada en El Destape, donde se detalló que el estudio jurídico de Marteau ofrecía asesoramiento para adherirse al blanqueo de dinero. La oferta se desplegaba, hasta hace unos días, en forma de publicidad pop up al ingresar la web del buffet de abogados.

"Esa publicidad después de haber sido noticia en varios sitios periodísticos a los que me referiré más adelante ya no se encuentra disponible en la Web. El hecho de que la misma haya sido retirada mostraría su obrar doloso respecto de los hechos aquí denunciados", indicó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade en su denuncia, que fue presentada el viernes pasado en los tribunales de Comodoro Py.

Esa denuncia ante la Justicia Federal no es la única investigación en marcha. La semana pasada, la Oficina Anticorrupción abrió un expediente para determinar si existe incompatibilidad o irregularidad en el hecho de que el estudio de Marteau haya lanzado una campaña para ofrecer asesoramiento para adherirse al blanqueo de dinero.

Así lo detalló este sitio el miércoles pasado. "El estudio Marteau, con la posible intención de ampliar los servicios que presta y de aumentar su cartera de clientes (entre los que se encontrarían medios de comunicación, entidades financieras y cambiarias, aseguradoras, asociaciones mutuales, auditores, abogados, particulares, empresas, organismos internacionales, gobiernos nacionales y provinciales y entidades autárquicas y regulatorias que se especializan en controlar los movimientos de activos de origen ilícito), publicó en la página Web http://www.marteau.pro/es/ -hasta hace pocos días- el anuncio", se sostuvo en la denuncia y se ofreció una captura de pantalla como prueba.

Marteau -que trabaja bajo el paraguas del ministro Germán Garavano- no es un novato en la función pública. En 2006, fue designado como representante nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI), Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA). Debía representar al Estado ante los organismos internacionales y asistir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la elaboración de proyectos de ley antilavado.

Dos años más tarde fue apartado del cargo y antes de que terminara el 2008 fundó la Fundación Finint (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera). El objetivo de esa fundación es "promover procesos de toma de decisiones en el sector público y en el sector privado a los efectos de prevenir, mitigar o conjurar los efectos perversos de la circulación de activos, bienes o dinero que resultan críticos para la estabilidad social, jurídica, económica y política de las naciones que integran el orden global", según detalla en su página web.

En la denuncia se detalló que las funciones de la Fundación Finint, el estudio jurídico que fundó y el programa que coordina tienen "funciones superpuestas". Mediante un cuadro sinóptico, el diputado puntualizó las funciones en común: asesoramiento legal, capacitación de directivos o funcionarios públicos y desarrollo de estudios. Todo estas funciones siempre están atravesadas por la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

"Las únicas funciones de la Coordinación Nacional que no se superponen con sus actividades privadas son: a) Producir indicadores que faciliten la revisión periódica de la efectividad del sistema nacional; b) Diseñar, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la estrategia nacional anti lavado activos y contra la financiación del terrorismo; c) Fomentar la conformación de acuerdos intersectoriales que tengan por objetivo identificar activos o bienes vinculados al crimen organizado y el terrorismo; d) Proyectar un programa de recuperación de activos. Sin embargo estas funciones le permitirían acceder a información privilegiada para asesorar y patrocinar a los clientes de su estudio y obtener un beneficio económico por ello", se aclaró en la denuncia a la que accedió El Destape.

Además, Tailhade señaló la posibilidad de que Mateau haya influido en el cambio de orientación política que tuvo la Unidad de Información Financiera (UIF), que la semana pasada emitió una resolución -que empalma con otra decisión de la AFIP- para restar presión a los bancos a la hora de controlar a sus clientes.

"Todas ellas han ido en un único sentido favoreciendo a los evasores, restringiendo la capacidad de acción de la UIF y restringiendo la posibilidad de los sujetos obligados de requerir a sus clientes la presentación de las declaraciones juradas de impuestos", indicó.