La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de "la inaplicabilidad" del beneficio del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. Su escrito estuvo a tono con la ley aprobada por el Congreso tras el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El dictamen fue presentado ante la solicitud de 13 represores de la última dictadura para que se les aplicara el cómputo del 2x1, los cuales fueron remitidos a la Procuración General por la Corte Suprema de Justicia.

Gils Carbó afirmó que la ley 27.362 que sancionó el Congreso tras la polémica por el otorgamiento de ese beneficio al represor Luis Muiña "recoge la única interpretación constitucionalmente válida" de la norma que estableció ese cómputo, actualmente derogada.

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En su argumentación, la procuradora señaló que la inaplicabilidad del 2x1 para represores "surge de la obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad".

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