La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió este miércoles que se reparen los 27.000 kits del Plan Qunita y se repartan a los más necesitados a través de Unicef y Red solidaria en todo el país.

El pedido fue realizado ante el Tribunal Uno que tiene pendiente juzgar al ex ministro de Salud durante el kirchnerismo Gabriel Gollán y al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández entre otros. Baigún destacó que "todo el material esta resguardado en un depósito de la localidad bonaerense de Avellaneda por el cual es Estado gasta $ 770.000 mensuales".

El pedido se suma a la orden que ya dio el Tribunal para que se repartan todos los elementos del Plan Qunita lanzado durante el kirchnerismo y que se suspendió tras el cambio de gobierno tras las irregularidades ante la sospecha de pago de sobreprecios y direccionamiento en las empresas que ganaron la licitación para la realización de los kits.

Si bien el Tribunal había excluido en el pedido que había hecho al Ministerio de Salud a las cunas y las bolsas de dormir, ante la inseguridad que presentaban las mismas, ahora la fiscal pide que se reparen y se entreguen a los más necesitados.

En ese sentido, recordó que párrocos de distintas villas también de la Isla Maciel y otras instituciones hubo pedidos para que no se destruya el material sino que sea entregado previa reparación.

Por ello, Baigún pidió que el Instituto de Tecnología Industrial, la Facultad de Medicina y la Sociedad Argentina de Pediatría intervengan en la reparación de las cunas y las bolsas de dormir, y luego se haga entrega en todo el país a través de UNICEF y Red Solidaria.

También que ATAJO, una oficina dependiente del Ministerio Público Fiscal que tiene cedes en las villas, lo haga en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en aquellos asentamientos que tenga presencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

"El poder judicial debe mitigar las consecuencias del daño, evitando que se propaguen sobre los sectores más vulnerables a los que este sistema injusto ya tiende a expulsar de por sí", según el dictamen al que accedió NA.

"Una correcta administración de Justicia penal no puede circunscribirse a la imposición de penas de prisión sino que también debe centrar sus esfuerzos en la recuperación de los bienes, no sólo en virtud de la importancia que tiene la devolución de los activos para la sociedad sino también en razón de que constituye una medida de política criminal idónea para la desarticulación de los mercados delictivos", concluyó. El dictamen se basa en la petición del diputado nacional Martín Doñate y de ATAJO (la Dirección de Acceso Comunitario a la Justicia).

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