Hace 12 años que la Argentina reclama la soberanía de Malvinas en las reuniones del G 77, el grupo internacional de países subdesarrollados más importante del mundo. Sin embargo, este año el canciller, Jorge Faurie, cedió y se comprometió a que el país dejará de tomar medidas contra Inglaterra por las islas.

El Grupo de los 77 fue creado en junio de 1964 con la firma de 77 países en vías de desarrollo en Ginebra, en el marco de las Naciones Unidas. Desde entonces, el conglomerado se incrementó a 134 países de Asia, África, Oceanía y América.

Desde 2005 que el Gobierno Nacional deja sentado en las reuniones anuales del ente el perjuicio económico que le genera a la Argentina la disputa por las Malvinas y el accionar unilateral del Gran Bretaña.

Con Susana Malcorra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cambiemos moderó la línea en 2016 y propuso “remover obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en materia de hidrocarburos, pesca y navegación”.

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En el encuentro del 22 de septiembre de este año, Faurie fue más allá y firmó una declaración en la que el G 77 “resalta la importancia de que no se tomen medidas que puedan afectar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable”.

Esto incluye medidas legales de la Argentina para impedir y sancionar el accionar ilegal británico en el área nacional, ya que representaría un “obstáculo” jurídico.

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Por esta decisión, diputados del Frente Para la Victoria – PJ, encabezados por Guillermo Carmona, y de 1País, por Horacio Alonso, volvieron a pedir la interpelación de Faurie en la Comisión de Relaciones Exteriores para que rinda cuentas por el documento. No es la primera citación al canciller, pero todos los requerimientos hasta el momento fueron bloqueados por la presidenta, la legisladora del PRO Cornelia Schmidt.

Además, presentaron un proyecto de declaración para que el Congreso rechace “las groseras omisiones y las incorporaciones de conceptos que reducen sensiblemente la fuerza del reclamo argentino” en el G 77. Es que consideran que el documento “se contradice con las resoluciones de la ONU, promoviendo el abandono del reclamo”.

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