La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución en el Boletín Oficial para aprobar un protocolo de actuación que las fuerzas de seguridad deberán aplicar a la hora de detener y registrar gays, lesbianas, bisexuales y trans. La medida se toma a menos de tres semanas de la Marcha del Orgullo.

La resolución 1149/2017, dicta la obligatoriedad de cumplimento para todo el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Para ejecutarlo deberán presentar trabajos prácticos obligatorios en los cursos de formación y ascenso.

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Sin embargo, pero el Anexo 1 apunta que la aplicación "deberá ser realizada por personal femenino", según un modelo de Uso racional de la Fuerza, un documento que no está especificado en la norma.

La medida se adopta a pocos días de la XXVI Marcha del Orgullo, que se realizará el próximo 18 de noviembre, lo que encendió la alarma en la comunidad LGBT.

El nuevo protocolo no fue acordado con los organizaciones de la diversidad sexual, quienes advirtieron sobre graves problemas conceptuales. Un ejemplo de ello se observa en el Anexo 1, donde se afirma que "queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves" con el fin de lograr una confesión. Lo que deja un vacío legal sobre lo que se podría considerar un daño "leve o moderado".

En el texto también se expresan explicaciones biologicistas en referencia a la requisa de las personas. "El personal policial deberá respetar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de aquellas personas que hayan optado por la identidad de género que difiera de su condición biológica", sostiene el escrito.

Asimismo señala: "La persona detenida será alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial por su integridad".

Una de las máximas preocupaciones es de qué manera los efectivos determinarán si una persona integra el colectivo LGBT o no.

Al respecto, el protocolo tiene una vaga definición y dice que "no se debe definir con anterioridad términos que prestablezcan género", sino que es "a partir de preguntar sobre la autopercepción de género de la persona en cuestión, que poseemos la información precisa para cumplimentar con todas las normativas preestablecidas y garantizar los derechos de las personas".

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