El Gobierno culpa a la procuradora Alejandra Gils Carbó de que las causas vinculadas a Odebrecht no avancen más rápidamente. Desde el Ministerio Público Fiscal, en cambio, dan vuelta la acusación y responsabilizan al Gobierno nacional de ser quien frenaría las denuncias que involucran a la constructora brasileña.

En concreto, acusan a la Cancillería de congelar los pedidos de información, que deben tramitarse ante el ministerio para luego ser enviados a las autoridades brasileñas. "Estuvieron más de 20 días solo para poner un sello y enviarlo", explicó a El Destape una fuente cercana a la procuradora.

Se refería puntualmente al pedido del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para conformar un equipo de fiscales especiales que se dedique a investigar todas las ramificaciones de esta megacausa de corrupción. El mismo empezó a tramitarse en abril pasado.

Desde la convulsionada Cancillería negaron esa situación. Fuentes del Palacio San Martín respondieron a este portal que "no hubo ninguna demora más de lo normal y natural. La orden es no demorar nada, ni lo bueno ni lo malo", sostuvieron.

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Asimismo, la Procuración desestimó las acusaciones de "no haber hecho nada" para impulsar la causa que nació en Brasil pero afecta a otros 12 países del continente. Al respecto, recordó el acuerdo de Brasilia, un convenio con sus colegas del continente para cooperar en estas investigaciones y los distintos pedidos que los fiscales Sergio Rodríguez, Federico Delgado, Franco Piccardi y Gerado Pollicita realizaron para obtener información en manos del Poder Judicial brasileño.

También, aclararon que a partir del 1 de junio es cuando dichos pedidos podrán obtener respuesta de su contraparte en el país limítros, pero eso no implica necesariamente que ese mismo día se abra la Caja de Pandora de las revelaciones. Todo dependerá de la celeridad que empiecen a poner, a partir del mes próximo, los fiscales y jueces brasileños en responder los distintos pedidos.

En la actualidad hay varias causas vinculadas con la empresa brasileña. Las principales: el soterramiento del Sarmiento, el pago de presuntos sobreprecios en la instalación de una planta potabilizadora de AySA en el partido de Tigre y el presunto pago de 850 mil dólares a Gustavo Arribas por parte del cambista Leonardo Meirelles.

En EE.UU., directivos de Odebrecht reconocieron haber pagado 35 millones de dólares en coimas en Argentina, entre 2007 y 2014, durante el gobierno kirchnerista. En nuestro país, la firma brasileña es socia de IECSA, la ex constructora de SOCMA, luego vendida al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, y traspasada recién este año a Marcelo Mindlin. Ni bien asumió, Macri habilitó el pago de la obra del Sarmiento y amplió el presupuesto a $45 mil millones.

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