Ante la falta de reglamentación de la ley de Emergencia Social y la ausencia de certeza de cuándo ocurrirá, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC) preparan un plan de acción con una movilización para el próximo 31 de enero y una gran manifestación para mediados de febrero junto a otras organizaciones sociales y las centrales obreras.

"Hay diálogo, prometieron la reglamentación pero no hay plazos establecidoses y esto nos pone en una situación de conflictividad", advierte a El Destape el dirigente de la CTEP Gildo Onorato. El diálogo con las organizaciones sociales es encarado, por parte del Gobierno, por los ministros Jorge Triaca (Trabajo), Carolina Stanley (Desarrollo Social), el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y el titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo, Matías Kelly.

"Se intenta flexibilizar a los trabajadores, reducir el gasto y el Ministerio de Trabajo toma parte por las empresas. El gobierno no reglamenta una ley que es de emergencia, por eso nos movilizamos y continuamos con la lucha para que se implemente la totalidad de la norma aprobada por todos los bloques en el Congreso Nacional", manifestó Onorato, quien también es el secretario de políticas Sociales del Movimiento Evita. "El 31 de enero marcharemos al Ministerio de Desarrollo Social a las 10 y a mediados de febrero movilizaremos al Ministerio de Trabajo", remarcó.

En este marco, hoy Barrios de Pie protestó con ollas populares en varios puntos del país. Los principales puntos de concentración fueron el Obelisco, la municipalidad de Mar del Plata y la ciudad cordobesa de Carlos Paz, en donde realizaron movilizaciones e instalaron ollas populares.

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"A pesar de contar con la aprobación de la ley de Emergencia Social como instrumento para paliar la agravada situación social, dicha medida aún no se reglamenta y las organizaciones sociales no hemos recibido ningún tipo de información al respecto", afirmó Barrios de Pie en un comunicado.

La ley de Emergencia Social, acordada entre el Gobierno, la CGT y diferentes organizaciones sociales, establece el pago de un salario social complementario de 4.030 pesos, equivalente a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, para lo cual el Estado deberá destinar fondos por hasta 30.000 millones de pesos durante los próximos tres años.

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