Desde que asumió Emilio Basavilbaso a la dirección general de la ANSES se tomaron decisiones que perjudicaron el Fondo de Garantía de Sustentibilidad (FGS), que administra U$S 56.000 millones de los jubilados. Algunas de ellas están en los tribunales penales federales, por ser interpretados como delitos punibles.

El memorando con Qatar, el uso del dinero de reserva para pagar la “reparación histórica”, dejar de reunir a los organismos de control y rescindir un acuerdo para que la Justicia investigue las infracciones previsionales con agilidad. Todas las medidas perjudicaron directa o indirectamente al FGS y su control.

El Destape mostró que el 6 de noviembre el Fondo firmó un acuerdo con Qatar para enviar a una guarida fiscal U$S 300 millones de los jubilados y el país asiático aportar U$S 1.000 millones. Que los funcionarios le hayan divulgado los secretos de la negociación al ex tenista Gastón Gaudio y al financista Diego Nicolás Rosendi, que se mande dinero de la ANSES al extranjero y que una offshore invierta en la Argentina son ilegales. Por esto, la Fundación por la Paz denunció penalmente a todos los intervinientes, lo que fue ampliado por diputados del FPV-PJ.

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La fiscal María Paloma Ochoa imputó a los más de acusados 12 que figuran en la carátula y ordenó la suspensión del memorando. El juez Daniel Rafecas entendió que la consumación del delito ya estaba frenada, por lo que desistió de continuar el expediente. Esto fue apelado por Ochoa y ahora será la Fiscalía General de Germán Moldes la que deba impulsar este recurso ante la Cámara Federal.

En las últimas semanas se sumó a la causa que Estados Unidos y países árabes acusaran a Qatar de financiar al terrorismo internacional, por lo que decidieron su aislamiento. El gobierno de Mauricio Macri, por lo tanto, negoció enviarle dinero de los jubilados a una nación terrorista que lo manejaría desde una guarida fiscal, tal como consta en la documentación.

En segundo lugar, a lo largo de la próxima década el organismo previsional se desprenderá de cuatro de cada 10 de los U$S 56.000 millones en activos para financiar la “reparación histórica”. Como ya publicó el periodista Tomás Lukin, la reducción del FGS pone en riesgo la capacidad para intervenir ante contingencias económicas que afecten la actualización constante de las jubilaciones futuras. Para hacerse de efectivo, vendió acciones en empresas que beneficiaron a personas cercanas a funcionarios del Ejecutivo, lo que fue denunciado en la Justicia por la diputada Victoria Donda.

Además, el Consejo del FGS, que asesora a los directivos del ente, dejó de publicar sus actas de reuniones después de que el entonces titular del Fondo Luis María Blaquier haya adelantado que iba a firmar el memorando con Qatar en octubre. Después de que El Destape informara la falta de los documentos, la ANSES difundió los comprobantes de reuniones de diciembre y febrero. A pesar de que los encuentros se deben dar cada dos meses y el ente está obligado a exhibirlos, no existen en el portal oficial certificados para abril ni junio.

Por último, la no renovación del contrato con la Procuración General de la Nación va en contra de que la Justicia investigue los delitos previsionales con agilidad. Por medio de este arreglo se había fundado en 2002 la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), ahora conducida por Gabriel de Vedia.

Tomado como un conjunto, las medidas del ente que dirige Basavilbaso parecieran apuntar a vaciar al FGS. Esto va en línea con el plan del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de elevar la edad jubilatoria. Tal como reveló El Destape, la cartera laboral redacta un nuevo código de la seguridad social también para que, cuando la inflación le pase por encima a los haberes, poder reinstalar a las AFPJ en un sistema de capitalización mixta obligatorio para quien desee un ingreso mayor a una jubilación de hambre.

Esta situación, sumado a que las jubilaciones se encuentran por debajo de la línea de pobreza, fue calificada como “indignante” por Mirta Tundis. La congresista del Frente Renovador dijo a este medio que “el ajuste que el Gobierno quiere hacer es a costa de los que menos tienen”. “El Ejecutivo debería ver cómo hacer para generar trabajo porque todos los días cierran empresas, y esos son aportes que no van al sistema y perjudican a las siguientes jubilaciones”, advirtió.