Mauricio Macri echó al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, justo después que este hiciera un crítico informe del acuerdo por la deuda del Correo Argentino. El mismo analiza el accionar tanto del Estado como de la empresa y la Justicia y apunta las maniobras que la compañía realizó para no pagar lo que le correspondía, algo que casi logra de no haber tomado estado pública la irrisoria oferta.

Según reveló el portal Nuestras Voces, que accedió en exclusiva a los documentos, Balbín se basó en una auditoría realizada días atrás por el abogado Guillermo García. El mismo señala las maniobras dilatorias de la empresa para extender el proceso concursal en el tiempo, el accionar del Estado para no pedir la quiebra de la empresa y cómo algunas funcionarias judiciales avalaron todo esto ante su vista.

Según el informe que realizó García, y que sirvió de base para las críticas de Balbín antes de ser reemplazado por Bernardo Saravia Frías, es "llamativo" todo lo que se ha extendido el proceso que, 16 años después, sigue en etapa de "exclusividad". Este es el proceso en un concurso en el cual el deudor presenta las ofertas de pago a los acreedores y estos la evalúan y, según la ley, no debería extenderse más de 120 días hábiles.

"El Correo Argentino SA generó peticiones de todo tipo, varios de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado", señaló el informe.

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A su vez, el dúo García-Balbín apuntan contra la empresa por las "maniobras legales" para cobrar a su vez supuestas deudas de parte del Estado y que superan a la que esta firma residual tiene con el Estado. Y destacó que las ofertas presentadas por la empresa eran "irrisorias", con quitas de hasta el 40% y pagos de intereses que, en un principio, eran de solo el 1% anual.

Respecto de la labor del Estado nacional en esos años, el informe es crítico tanto del accionar de los abogados del Ministerio de Planificación como de las actuales autoridades. De los primeros, destaca que aprobaron una propuesta de pago en la que se saldaban las supuestas deudas cruzadas, y quedaba un saldo a favor de CASA por 3,1 mil millones de pesos. El síndico, en primera instancia, lo aprobó pero la Corte Suprema echó para atrás ese acuerdo en 2009.

Pero lo más importante: Balbín daba a entender en su informe que debían computarse intereses por el plazo transcurrido, atento a la "doctrina" que rige en estos casos, algo que Mauricio Macri reniega. Socma acepta pagar los 296 millones de pesos de deuda original pero argumenta que no deben actualizarse a pesar de que el dólar estaba 1 a 1 en aquel entonces y hoy supera los 16.

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