El gobierno de Mauricio Macri continúa profundizando el ajuste de las cuentas del Estado, y la cartera de Desarrollo Social no es la excepción: en lo que va del año, ya subejecutaron más de $ 4.000 millones correspondientes al programa de pensiones no contributivas.

Es que mientras el ministerio de Carolina Stanley da de baja unas 83.000 pensiones amparándose en el polémico decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997, por otro lado subejecuta las partidas presupuestarias proyectadas en el presupuesto 2017: de los $ 108.000 millones que figuran allí, apenas se destinaron $ 41.000 millones a la fecha, es decir, un 37% del total.

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De los $ 96.000 millones del programa Pensiones No Contributivas, Desarrollo Social lleva ejecutados unos $ 36.839 millones, mientras que en el programa de Atención Médica a Beneficiarios de Pensiones No Contributivas la situación es más alarmante aún: apenas se aplicaron unos $ 4.213 millones de los $ 11.297 millones planificados para 2017.

Al mes de junio, el organismo de Stanley debería haber ejecutado un 45% de los programas, lo que representa a la fecha una subejecución superior a los 4 mil millones de pesos.

En 2015, el gobierno nacional había otorgado el beneficio de la pensión para unas 1.476.152 personas. Ya con la llegada de Mauricio Macri al poder, en 2016, la cifra comenzó a verse reducida, habiéndose aplicado para 1.464.423. En 2017, el recorte proyectado era para unas 1.451.996 (-12.427), aunque con estos recortes aplicados por Stanley, las pensiones dadas de baja o suspendidas ya suman más de 83.000 en todo el país.

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Entre las causas que esgrimió el gobierno por las que se están produciendo las bajas se encuentran "motivos patrimoniales", ya que son titulares de automóviles que, en muchos casos, están imposibilitados de recurrir al transporte público. Además, si su cónyuge recibe un beneficio previsional, como jubilación, son automáticamente descartados de la pensión.

También fueron desplazados quienes poseen un trabajo en blanco, por el que pagan aportes. Por último, el ministerio de Carolina Stanley audita rigurosamente a quienes no alcanzan el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio (76%).

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