El Gobierno nacional oficializó hoy, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el traspaso de las escuchas judiciales del ámbito de la Procuraduría General a la Corte Suprema.

"Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO a la órbita de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN", señala el artículo 1º del decreto 256/2015 publicado hoy en el Boletín Oficial.

En ese sentido, el artículo 4 del DNU indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del DICOM", que estará a cargo "de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".

En los considerandos se explica que el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".

Además, señala que "el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud".

El decreto advierte además que la Ley 27.126, que creó la Agencia Federal de Inteligencia en febrero de este año, "implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", contrario a lo que establece la Constitución Nacional.

Las escuchas dependían históricamente de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como "Ojota", pero con la reforma de la central de espías, el control de esas grabaciones quedó en manos de una repartición de la Procuración, a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré.