En medio de su embestida judicial, Mauricio Macri planea despedir a más de 1.500 trabajadores de la Procuración General de la Nación. Se trata de nombramientos que realizó Alejandra Gils Carbó en los últimos años.

“Para el Gobierno, la renuncia de Gils Carbó representa sólo el inicio de una profunda depuración que se debe hacer en el Ministerio Público Fiscal para garantizar su independencia partidaria”, adelantó Clarín.

Por eso, incluyó el Ejecutivo en la reforma del Ministerio Público Fiscal que se debate en el Senado una cláusula para analizar las designaciones desde que asumió en 2012 la saliente titular.

"Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia", reza el anteproyecto de ley oficialista.

LEER MÁS: Macri aceptó la renuncia de Alejandra Gils Carbó y ya le busca reemplazante

La cifra de los 1.500 surge de un informe, al que tuvo acceso Clarín, que ordenó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Es que para el Gobierno, todos los cargos nuevos de la Procuración fueron "sin justificación y con un amplio objetivo político".

El encargado de hacer la “depuración” será Eduardo Casal, procurador fiscal ante la Corte Suprema. Será él quien el Gobierno encomendó para la transición entre la salida de Gils Carbó y la asunción del nuevo procurador que proponga el Gobierno y convalide el Senado.