La palabra desaparecido sigue vigente. Jorge Julio López, Miguel Bru, María Cash y Marita Verón son sólo algunos de los nombres que aparecen en una lista interminable. Ya sea por cuestiones políticas, económicas o fines de explotación sexual, la ausencia de una política estatal que atienda la situación profundiza el marco de abandono.

Según se desprende del informe "Búsqueda de Personas en Democracia" publicado el pasado agosto por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en conjunto con la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT), son 6033 los desaparecidos en Argentina.

De ese número, 3228 son mujeres, 2800 son hombres y hay ocho casos sin referencia al género. El rango de 12 y 18 años es el que más desapariciones registra. En 50 casos de búsqueda de paradero se verificaron movimientos posteriores a la denuncia.


El caso de María Cash, desaparecida en Salta en 2011, sirvió como disparador para reflejar las trabas que el propio Estado presenta a la hora de buscar a una persona cuyo paradero es incierto. Su familia promueve la creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas, con el fin de acelerar los procesos en casos donde el paso del tiempo es esencial para encontrar a una persona que está perdida.

El proyecto logró más adhesiones a través de las firmas recolectadas en la página Change.org que en los despachos de los políticos. Después de ser presentado ante distintos senadores, diputados y ministros, en 2014 la por entonces diputada Patricia Bullrich tomó el proyecto y lo presentó en la Cámara de Diputados. "Hubo oídos sordos de todos los partidos, nadie se hizo cargo", afirma Máximo Cash, hermano de María.

Si bien la actual ministra de seguridad se encargó de tomar el pedido de la familia, todavía no aparecen las respuestas. Sobre este aspecto, Máximo expresa: "Bullrich presentó el proyecto para quedar bien ante las cámaras. Se lo dimos servido en bandeja, ¿qué está esperando?".

"Hubo oídos sordos de todos, nadie se hizo cargo", afirma el hermano de María Cash.

En lo que va del año los Cash se reunieron con los ministro de Justicia, Germán Garavano, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis y la propia Bullrich. A pesar de que todos demuestran interés en el tema, la creación de la agencia sigue postergada.

Por otro lado, hay distintas posiciones dentro del propio gabinete. Aunque todos reconocen el interés en el tema, incluso en nombre del propio Mauricio Macri, un asesor de Patricia Bullrich le comunicó a la familia que "de acá a un tiempo no se va a hacer nada porque no se puede capacitar a la gente". El Destape intentó comunicarse con la ministra de seguridad pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, el hermano de María asegura que la creación es algo muy simple, puesto que solamente se deben tomar a personas idóneas de las distintas fuerzas y capacitarlas específicamente sobre búsqueda de personas. Asimismo, remarca que hay posibilidades de llevarlo a cabo ya que con el nuevo gobierno las relaciones con Estados Unidos cambiaron totalmente y dentro de los ministerios de Justicia y Seguridad están capacitando al personal con gente del FBI y de la CIA.

La familia considera fundamental un encuentro con el presidente de la Nación para que el tema adquiera la importancia correspondiente y se ponga en agenda. "El problema tiene que ver con una decisión política, es simplemente tener ganas de hacerlo", sostiene el mayor de los Cash.

Estas falencias desembocan en otra problemática que son los casos de personas fallecidas cuya identidad es desconocida. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) presentó 5329 actas de defunción de personas no identificadas.

En ambos casos, es fundamental contar con la implementación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas que reúna todos los datos de las personas desaparecidas en el país, que comparta esa información y se rija a través de determinados protocolos de actuación según el caso y la fuerza interviniente.

María Alejandra Mángano, titular de la Protex, manifiesta que "la legislación más urgente es la creación de un registro único de personas extraviadas que sirva para incorporar información genética".

El registro, que sería previo a la creación de la agencia, tendría vínculo con un banco de datos genéticos donde los familiares podrían acercar información que facilitaría el cotejo de los restos óseos de una persona no identificada.

En cuanto a los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto, Mángano observa que "la federalización del sistema de búsqueda se puede lograr con algunas herramientas que representan un costo menor a nivel presupuestario", a diferencia de lo que implicaría una Agencia Federal.

Las falencias en la búsqueda radican en la descoordinación de los sistemas de registros estatales, la falta de una ley que establezca un tiempo de registro y la ausencia de actualización de la información cuando se produce la aparición de la persona buscada. Sin registro no hay un número certero sobre los desaparecidos en democracia.

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