El viernes pasado, la Cámara Nacional de la Seguridad Social rechazó la apelación del Ministerio de Desarrollo Social y confirmó la sentencia de primera instancia, que había ordenado al Estado a devolver las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja durante el mes de junio, que se estima, supera los 126 mil casos.

Pese a tener solo 10 días para hacerlo, a la fecha, se estima que la cartera de la ministra Carolina Stanley solo devolvió unas 9.700, es decir, menos del 10 por ciento, y aún no entregó a la Justicia el listado completo de aquellos beneficiarios que dejaron de percibir su pensión, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a El Destape.

Pero eso no es todo: para el año que viene, la ministra de Desarrollo Social preparó un ajuste todavía peor. Según datos obtenidos por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el presupuesto 2018 se incluye la quita de unas 38.000 pensiones no contributivas y otras 12.000 pensiones para mujeres con 7 hijos o más.

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De esta forma, el Gobierno de Mauricio Macri profundiza el ajuste donde más duele, y pasará de haber pagado 1.476.152 pensiones en 2015, a 1.379.996 en 2018, es decir, casi 100.000 personas dejarán de percibir un ingreso que, en la gran mayoría de los casos, resulta fundamental.

Además, durante 2017, la ejecución presupuestaria de la partida fue notablemente baja: según los datos oficiales otorgados por el ministerio de Modernización a través del sitio datos.gob, al primer semestre se subejecutaron unos 4.000 millones correspondientes a pensiones. De los $ 96.000 millones del programa Pensiones No Contributivas, Desarrollo Social ejecutó unos $ 36.839 millones, mientras que la asistencia médica a aquellas personas también se vio afectada notoriamente: apenas se aplicaron unos $ 4.213 millones de los $ 11.297 millones planificados para 2017.

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