Según los datos del Gobierno, hay 4 mil villas miseria en el país. Por eso, el Gobierno nacional lanzó el Registro de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, con el pretendido objetivo de urbanizar finalmente los asentamientos populares radicados en territorios pertenecientes al Estado nacional.

La medida llega luego de un año en el que el Gobierno nacional subejecutó el área del presupuesto destinada al déficit habitacional en barrios de emergencia. En 2016, gastó el 68% del presupuesto asignado: 538 sobre 1.122 millones de pesos.

Según el decreto 358, publicado en el Boletín Oficial, se crea el Registro de Barrios Populares, que dependerá de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Tendrá como objetivo " registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016".

El registro tomará nota de los asentamientos donde haya al menos 8 familias, sin título de propiedad sobre el inmueble y carezcan de al menos dos de los servicios básicos.

La AABE, en conjunto con la ANSES, deberá emitir un certificado que servirá a las familias como prueba de la existencia de ese domicilio y así solicitar la conexión de servicios básicos como agua, gas, cloacas o electricidad.

La AABE, que ahora queda a cargo de la regularización de estos inmuebles, podrá suscribir convenios con las provincias y la Ciudad para tal fin. Según el relevamiento que hizo el Gobierno, en conjunto con Cáritas, la ONG UN Techo para Mi País y organizaciones sociales como la CCC y Barrios de Pie, hay 4 mil barrios de emergencia en el país.