Por recomendación del FMI, el Ministerio de Trabajo planea aumentar la edad jubilatoria dos años y habilitar el retorno de las AFJP. La reforma será similar a la realizada en España en 1995, para lo que recibirá asistencia técnica y consejo de expertos del gobierno ibérico, pese a que allí el sistema atraviesa una crisis que no permite garantizar su sustentabilidad más allá de 2025.

La cartera que comanda Jorge Triaca prepara un anteproyecto para elevar a los 67 años la edad para comenzar los trámites previsionales. Como adelantó El Destape, el objetivo del Gobierno es permitirle a una persona que no llega a las tres décadas de aportes recibir una pensión proporcional a lo trabajado, pero no compatible con otros haberes y que tampoco genere derechos para la pareja en caso de fallecimiento. Algo similar existe ya a partir de la sanción de la Ley de Reparación Histórica. La alternativa será la posibilidad de trabajar los años que precise para cumplir con el requisito legal. Como tercera opción estará el "ahorro individual", manejado por las AFJP.

Los cambios previsionales de Cambiemos concuerdan con aquellos implementados por el Ejecutivo español 22 años atrás. Es por esto que para la Comisión para el Fortalecimiento del Sistema de la Seguridad Social, organizada por el Gobierno, Trabajo convocó a Eduardo Martin Peñato Alonso. El español estará a cargo de la disertación del 16 de agosto sobre “la Tesorería General de la Seguridad Social de España: análisis de su fortalecimiento y lecciones para el caso argentino”, de acuerdo a la agenda del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del país europeo que pudo revisar este medio.

Creada en junio de 2016, esta comisión es tripartita y realiza encuentros mensuales para intentar generar consensos, sin haberlos alcanzado aún. El Gobierno la utiliza para bajarles a las centrales empresarias y sindicales su boceto para el nuevo sistema previsional, en el que se incrementen los requisitos para las jubilaciones y se les dé mayor preponderancia a la capitalización privada. Para la redacción del código de seguridad social, sin embargo, Triaca contrató a tres abogados que trabajan ad-honorem a puerta cerrada hasta finalizar el anteproyecto de ley a presentar, como mostró este medio meses atrás.

El especialista español que participará en la reunión de agosto es convocado en el marco del Programa de cooperación técnica internacional del Ministerio de Empleo ibérico con la Argentina. Este será uno de los tres expertos que traerá el Gobierno antes de ejecutar la reforma jubilatoria, que a su vez pertenecen a un mayor grupo, de seis integrantes, que colaborarán también en los proyectos oficiales para modificar las leyes laborales e impositivas.

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Para revelar “los Acuerdos Sociales y Políticos del Pacto de Toledo como experiencia institucional de reforma de la Seguridad Social” asistirá más adelante al edificio del ministerio en Alem 650, el ex director de la Tesorería General de la Seguridad Social española Javier Aibar Bernad. Este acuerdo rubricado en 1995, entre otros corolarios, derivó en el alza la edad jubilatoria.

Ante la visita de estos especialistas extranjeros, la CTA-Autónoma presentó una carta para reclamar el acuerdo firmado entre los países que facilitó el intercambio de exfuncionarios y donde se expresa la finalidad para la que viajan a la Argentina. Fuentes oficiales negaron a este portal conocer la existencia de algún acta.

En el documento, al que accedió El Destape, el representante ante la comisión, Rubén Garrido, cuestionó también al secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, por elegir el modelo ibérico “sabedores de la crisis por la que atraviesan las pensiones y todo el sistema de seguridad social en España, el deterioro de las prestaciones, el aumento de la edad jubilatoria y las recetas de ajuste que impulsa el presidente (Mariano) Rajoy”. Por esto planteó que al gremio le “genera mucha inquietud el saber que pueden venir a explicar a un país que en su momento terminó con la estafa de la jubilación privada y de las AFJP” ante el logro de la cobertura jubilatoria al 9%% de los adultos mayores.

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En España, una persona debe cumplir los 67 años y acumular 35 de aportes para poder jubilarse, mientras que en la Argentina por el momento la edad es de 65 y se deben tener 30 años de cargas sociales. Esto no le garantizó a la nación ibérica una mayor sustentabilidad, sino todo lo contrario por culpa de que se privatizó una importante porción del sistema. De hecho, por el impacto de la crisis internacional, en 2009 el ex ministro de Trabajo del país europeo Celestino Corbacho había intentado llevar calma al afirmar que “los pensionistas (jubilados) pueden estar seguros en 2009 y en 2010 y hasta 2025".

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