El Gobierno nacional abrió la puerta a la privatización de centrales energéticas. A través de un decreto, se autorizó al Ministerio de Energía a llevar adelante esa medida, en un avance que ya comenzó con ARSAT, PAMI y Vialidad Nacional.

La medida, comunicada en el Boletín Oficial con la publicación del decreto 882/2017, el artículo 8º de la norma instruye al Ministerio de Energía a "impulsar las medidas necesarias para proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia" de distintas centrales que tiene a su cargo.

Entre los activos de los que podrá desprenderse el Estado son los derechos que correspondan en relación con las centrales de generación eléctrica Termoeléctrica Manuel Belgrano; Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes); Termoeléctrica Vuelta de Obligado; y Termoeléctrica Guillermo Brown. También podrá vender las participaciones accionarias que el Estado nacional tiene en Central Dique S.A; Central Térmica Güemes S.A; Central Puerto S.A; Centrales Térmicas Patagónicas S.A; Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia S.A (Transpa); y Dioxitek S.A.

La norma establece también cambio de nombre de la empresa Energía Argentina S.A (Enarsa), que absorberá a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (Ebisa), que comercializa por ejemplo la energía producida por Yacyretá, y pasará a llamarse Integración Energética Argentina S.A.

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Además, Integración Energética Argentina podrá desprenderse de los activos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica "Ensenada de Barragán" y "Brigadier López"; los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II; así como la participación accionaria de Enarsa en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima.

En los considerandos, se argumenta que "el sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país, para lo cual resulta conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos, mientras el Estado Nacional asigna sus recursos a aquéllas que hacen al cumplimiento del cometido público estatal", expresa el decreto entre sus considerandos.

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