La marcha de la CGT del 22 de agosto, tras las PASO, fue un camino de ida para el presidente Mauricio Macri, que no tiene retorno. Ésa es la lectura que se desprende tras sus acciones contra el sindicalismo que decidió -pese a las presiones del macrismo- salir a la calle igual y marchar contra la flexibilización laboral que pretende instalar el Gobierno, los despidos masivos y los brutales ajustes.

Tras echar a dos funcionarios aliados a los gremios y quitarle el control de la caja de las obras sociales, el Gobierno profundiza su endurecimiento con los sindicatos y ahora analiza que los gremialistas hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes.

La medida que estudia el Ejecutivo apunta a los patrimonios de los jefes de las obras sociales, que al asumir deben informar sobre sus bienes a la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora el Gobierno investigará si los directores y administradores de los organismos cumplen con esta exigencia y si se puede difundir esta información.

"Los que manejan recursos públicos de los trabajadores deberían presentar sus declaraciones juradas, algo que por ahora no está contemplado en la ley. El Estado tiene la información sobre los administradores de las obras sociales y en principio lo que se está estudiando es cómo hacerla pública", le dijo a Clarín uno de los funcionarios que trabajan en este plan.

El endurecimiento del Gobierno en el control de los fondos de los sindicatos se concentra en las obras sociales, que manejan el grueso de la plata de los gremios (la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que les otorga fondos, tiene un presupuesto de $ 7.000 millones anuales).

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