El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) elevará a la Organización de Estados Americanos (OEA) una impugnación a la candidatura como comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del abogado Carlos Horacio de Casas.

La razón es que De Casas fue designado por el Poder Ejecutivo pese a su pasado como abogado defensor del represor Enrique Blas Gómez Saa, ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, quien gracias al trabajo de De Casas logró la inimputabilidad por cuestiones mentales en una causa por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar, tramitada en Mendoza.

La carta del FPV, a la que accedió Letra P, trabajada por la diputada Diana Conti y que estaría siendo cursada en el transcurso del día, hace hincapié en dos aspectos de la nominación de De Casas. Por un lado, su falta de idoneidad en materia de Derechos Humanos. “Se ha dedicado primordialmente al derecho empresarial”, se aclara. Por el otro, al trabajo de este letrado, miembro del Opus Dei y ligado históricamente a la UCR mendocina – su hijo fue jefe de asesores del ex senador Ernesto Sanz - como defensor de un torturador.

En el escrito dirigido al secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, se contextualiza la situación partiendo de la condición jurídica y a las funciones de la CIDH. "La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Comisión Interamericana debe estar compuesta por ´personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos´ (art. 34)", aclara la carta de los legisladores kirchneristas.

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Y sigue: "Esta exigencia no es arbitraria, sino que responde a la función primordial que se asigna a la CIDH: promover la observancia y la defensa de los derechos humanos (art. 41). Sin embargo, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional de nuestro país no cumple con estos requisitos".

Y continúa: "De Casas carece de trayectoria en la materia –continúa la impugnación-. Su formación y antecedentes laborales demuestran que no cuenta con capacitación ni experiencia en la defensa de los derechos humanos. Se ha dedicado primordialmente al derecho empresarial, actuando también como abogado defensor en causas penales por otro tipo de delitos. Así, es evidente que la ´reconocida versación en materia de derechos humanos´ que exige la Convención Americana no se encuentra satisfecha en lo más mínimo".