Elisa Carrió ha pasado todos los límites y eso tiene una explicación: se ha convertido en una de las principales voceras de los intereses imperialistas en el país. “Trabaja para la Embajada”, se decía antaño. Eso la emparenta directamente a la política que está planeando el nuevo ministro de Defensa, Oscar Aguad, de reforma de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en la represión.

La diputada de Cambiemos viene de protagonizar un escándalo cuando en un debate televisivo trató de instaurar la servicial teoría de que en el sur del país existe una red de terroristas, que Santiago Maldonado habría integrado, razón por la cual voluntariamente “se fue con la RAM a Chile” para que se creyera que estaba desaparecido y así perjudicar al presidente Macri.

Ahora, tras las elecciones, se conocieron declaraciones que vienen a complementar la política imperial ante la supuesta existencia de “temibles organizaciones terroristas”: Carrió pide avanzar en la impunidad para las Fuerzas Armadas genocidas. En su protagónico rol, la diputada ha asumido una de las principales batallas que tiene el imperialismo norteamericano en la región, como es volver a insertar a las Fuerzas Armadas en el esquema de seguridad interno, como lo hizo desde la década del 60 con su Doctrina de Seguridad Nacional, teniendo ahora la “amenaza terrorista” como zanahoria.

Cuando todavía resuenan sus horrorosas palabras sobre Santiago Maldonado, Carrió dijo hace unos días en un acto en el club Harrods Gath & Chaves, con vecinos de los barrios de Belgrano y Núñez, que los militares fueron mal condenados, sus sentencias deben ser revisadas y, a todo evento, les corresponde prisión domiciliaria. También volvió a arremeter contra la guerrilla “que ejerció violencia y debe arrepentirse”. Pidió lisa y llanamente el fin de los procesos y la revisión de los ya realizados.

Las declaraciones de la diputada no son ingenuas. Ella se hizo famosa por sus cruzadas contra la corrupción, pero esa política, lejos de ser una “pelea solitaria”, como ella proclama, se desnuda como una escalada regional que tiene como objetivo avanzar en planes de ajuste y entrega. Por eso sus denuncias de corrupción (que en muchos casos pueden ser reales) absuelven a los empresarios de su responsabilidad tanto en los hechos relacionados con el Gobierno anterior como con el actual y les brinda un manto de impunidad para sus acciones, llegando al extremo de avalar leyes como las de blanqueo, que implican un enorme premio a los evasores fiscales y para la fuga ilegal de capitales.

En todo momento Carrió hace un gran esfuerzo por mostrar que hay corruptos, pero no “corruptores”, y por tratar de reducir la corrupción -que es intrínseca al sistema capitalista- como un fenómeno que solo afecta a los Gobiernos que ellos llaman populistas.

Llevando adelante esta política imperial, Carrió llega tan lejos que trata de poner a los hechos de corrupción por encima del genocidio y los demás crímenes de Estado a los cuales se pretende justificar. Las clases dominantes, de las que es vocera, han intentado imponer un sentido común que consiste en hacer ver como un crimen mayor a la corrupción que al plan genocida que se instauró en la región a partir de la década del 70. No importa que, incluso para el propio sistema legal, desaparecer, torturar, apropiar bebés y asesinar sean delitos mayores que los de corrupción.

Carrió tal vez no lo sabe, pero no ha sido fácil encarcelar a los genocidas sin contar con los archivos de la represión. Hemos tenido que probar hecho por hecho, aportar testimonio por testimonio. Así hemos logrado encarcelar a unos cientos de genocidas de la dictadura. Lo que Carrió sí sabe es que siempre se intentó circunscribir los juicios al brazo ejecutor, a las Fuerzas Armadas y de seguridad. El Poder Judicial, último garante de la impunidad, se ha cuidado muy bien de que prácticamente no podamos avanzar contra los civiles que organizaron el golpe, contra los empresarios que armaron sus propios centros clandestinos de detención en sus empresas o lo suficientemente cercanos como para que delegados y activistas de su planta acabaran allí.

Ya el informe “Nunca Más”, escrito al comienzo del período constitucional, demostraba que la mayor cantidad de desaparecidos eran obreros. Julio López relataba que, estando él secuestrado en uno de los pozos del Circuito Camps, escuchó que estaban por liberar a un delegado de la Peugeot, pero desde la empresa llamaron para decirles a los represores que no lo hicieran “porque era un bochinchero bárbaro”. Hoy ese trabajador continúa desaparecido.

La lista con la que podemos ilustrar esto es larga. Por mencionar solo algunos notorios ejemplos, podemos hablar de la Ford y su “quincho”; el Ingenio Ledesma y la Noche del Apagón; la Mercedes Benz, que hasta participó del plan sistemático de apropiación de bebés.

Hoy Carrió dice que solo puede juzgarse a los ejecutores directos y que muchos obedecieron órdenes. Hoy el nuevo ministro de Defensa, Oscar Aguad, alias el Milico, estudia derogar un decreto que circunscribía la participación de los militares a conflictos con Fuerzas Armadas extranjeras y analiza utilizarlos en la represión con la excusa de “combatir al terrorismo y el narcotráfico”.

Carrió ya no pasea con su muñequita que representaba la república... Con un Poder Ejecutivo con rasgos cada vez más autoritarios, con permanentes ataques a las mayorías populares, sabe que se marcha hacia una "democracia carcelaria", con fuerte persecución a los que luchan y enfrentan sus políticas y con reforzados mecanismos de control social. Por eso pide que los militares estén libres de culpa y cargo.