Axel Kicillof declaró como testigo en la causa en la que están imputados funcionarios y amigos de Mauricio Macri por la manipulación del dólar a futuro. Tal como consta en la denuncia, acusó al Gobierno de tomar decisiones que generaron “claros beneficios en los contratos” de los miembros del Poder Ejecutivo.

El ex ministro de Economía presentó hoy a las 9.30 un escrito de 11 páginas ante la Fiscalía 1. Apuntó que la autorización del juez Claudio Bonadio al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, para abonar los operaciones comprometidas de este mercado “implica que se consideró que los contratos eran legales y que, por lo tanto, las denuncias sobre su ilegalidad eran inconsistentes y equivocadas”. Así esgrimió contra el magistrado que en otra causa lo procesó a él, junto a Cristina Kirchner y Alejandro Vanoli (extitular del Central), por la operatoria que realizaron cuando manejaron la administración pública.

El Destape había revelado que varios de directivos del actual gobierno eran propietarios de contratos y otros formaban parte de sociedades que los tenían. Por eso, lo que lo que está en cuestión es, redactó Kicillof, “si todas las decisiones y maniobras de Macri desarrolladas por funcionarios que obtenían claros beneficios en los contratos de dólar futuro, si se producía la devaluación, estuvieron o no asociadas con ese propósito”.

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Sobre los argumentos del Gobierno y de los economistas afines, el economista aclaró que “la devaluación no era inevitable, sino que formó parte de las medidas económicas del gobierno de Macri”. Esto lo fundamentó con que la devaluación de 2016 “no sacó a la Argentina del presunto ‘atraso cambiario’, porque mientras la devaluación se transmitía a los precios, el Gobierno adoptó una batería de medidas para evitar nuevas devaluaciones, generando, según muchos analistas, un nuevo atraso del tipo de cambio”.

En el documento que entregó, al que tuvo acceso El Destape, Kicillof resaltó que la causa cobra relevancia por la posibilidad de que la razón de la devaluación abrupta “esté relacionada con los beneficios económicos que en la práctica obtuvieron muchos de los funcionarios que participaron de la toma de esta decisión y que, además, pusieron en práctica las medidas pertinentes”.

En la investigación que lleva Di Lello junto al juez Sergio Torres están imputados el director del Banco Central, Pablo Curat, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, Caputo SA (propiedad de Nicolás Caputo) y Chery Socma SA (de la familia Macri).

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