Con un debate de más de cinco horas, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. El proyecto plantea crear un régimen para condenar a las empresas que hayan cometido cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal.

La norma fue fuertemente reclamada por el gobierno de Mauricio Macri, a través de la Oficina Anticorrupción encabezada por Laura Alonso. El proyecto había sido aprobado la semana pasada en la votación en general, pero había pasado a cuarto intermedio por la discusión en particular.

El único artículo rechazado fue el 37, referido a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz con retroactividad.

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A partir de la modificación, en el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas se contemplarán todos los delitos del Código Penal. Anteriormente, en la redacción solo se incluía cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración.

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