ED: A diez años de la desaparición de Jorge Julio López ¿qué análisis haces del caso?

GG: La causa pasó por varias etapas. Durante los primeros tres meses hubo una investigación en lo que era la justicia provincial, signada fundamentalmente por el manejo absoluto de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Tardamos tres meses para que la Corte reconociera que la desaparición tenía que vincularse con lo sucedido en los juicios de lesa humanidad y pasara a la instancia federal. En ese tiempo hubo seguimiento de líneas profundamente erróneas, que tenían que ver con la idea de un López perdido o escondido en algún lado, con una gran resistencia a investigar una desaparición. Ya en la justicia federal empezaron a llegar propuestas para indagar a los sectores relacionados con los militares y la policía – algunos en actividad- interesados en detener el avance del juicio. Es importante entender el contexto: el juicio contra Etchecolatz era el primero y claramente había sectores que querían dar un mensaje político. Además, había un conflicto muy fuerte de la policía de la Provincia de Buenos Aires con el intento de reforma de Solá y Arslanián, quienes incluso reconocieron que sectores de la policía seguramente habían participado. Durante todo ese tiempo intentamos que se apartara a la policía de la búsqueda porque la voluntad investigativa era nula. En casi dos años cada una de esas líneas se fue truncando por la desidia judicial y por la negativa de las fuerzas que tenían a su cargo la investigación.

ED: ¿En qué falló el Estado?

GG: Cuando se inició el juicio nada de lo que ahora conocemos en cuanto a soporte estatal existía. No había programas de contención, no había cuidado sobre las notificaciones. No fue algo previsto, todo surgió con posterioridad a la desaparición de López. Lo más reprochable fue la resistencia a reconocer lo que había sucedido. Tiempo después, a partir del secuestro de Luis Gerez, Néstor Kirchner sale a plantear que no van a doblegar al gobierno, que los juicios van a continuar; fueron gestos políticos fuertes. Si hubiera pasado tres meses antes probablemente la investigación hubiera tenido otro rumbo. Hubo dificultad de asumir lo que estaba ocurriendo. Desde Aníbal Fernández diciendo que no tenía elementos para vincular lo que había pasado con los juicios hasta cada una de las cuestiones que plantaba la policía que tenía que ver con un López escondido. El cuestionamiento a quien era López causa dolor. Fue una imprevisión, una incapacidad de afrontar lo que estaba sucediendo. Una vez alguien nos dijo "el que se mete con la policía pierde". Probablemente eso también haya pesado en algún sentido.

ED: ¿Qué te pasa cuando ves que le otorgan la domiciliaria a Etchecolatz?

GG: Si el movimiento de derechos humanos no lo denunciaba, hubiera pasado desapercibido. Arrancamos el año con un profundo cambio político donde el nuevo gobierno hace un eje en la deslegitimación del movimiento de derechos humanos, cosa que vemos con el intento de detención Hebe de Bonafini, el desmantelamiento de programas y estructuras, el discurso negacioncita de reinstalación de la teoría de los dos demonios. En ese contexto, los mismos apellidos que estábamos empezando a llevar a juicios están en el poder, como Massot, Blaquier. Lo que está sucediendo ahora era previsible. No tiene que ver con las domiciliarias que se otorgaron en años previos, que fueron muchísimas y hemos consentido. Cuando las domiciliarias se otorgan por cuestiones de salud no las hemos objetado, pero acá estamos en otra situación. Cuando le dan la primera domiciliaria a Etchecolatz lo hacen con un informe del cuerpo médico forense que dice que está en condiciones de estar detenido. No se trata de las tradicionales domiciliarias sino de hacer lugar a la estrategia de los genocidas en esta nueva etapa política. El fin es que no haya juicios y, si los hay, que sea con ellos en su casa. Queda clara la estrategia y la presión del ejecutivo al Poder Judicial.

ED: ¿Qué expectativa se puede tener sobre el avance de la causa?

GG: La investigación de la desaparición de López estuvo pareja en todas las etapas. Es una causa que sin la enorme entidad y el reclamo popular que hay detrás, seguro estaría archivada si fuera por voluntad de los investigadores judiciales. No soy optimista en este momento, pero es cierto que si hay una tradición del movimiento de derechos humanos es la capacidad de resistencia. Si cuarenta años después seguimos descubriendo nuevos imputados, hechos y verdades, no me puedo permitir pensar que no vamos a a saber qué paso y quiénes son los responsables. La insistencia siempre está y seguramente en etapas donde hay mayor voluntad política hay mayor posibilidad que se rompan los pactos de silencio, o que podamos indagar un poco más de lo que se ha hecho hasta ahora.

Guadalupe Godoy, abogada querellante en delitos de lesa humanidad