El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la declaración indagatoria del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, acusado por supuesta defraudación en la administración de fondos de viviendas sociales financiado por el Estado Nacional.

Mediante un dictamen remitido al juez federal Sebastián Ramos, el fiscal imputó a Posse y a otros funcionarios de su gobierno por el presunto delito de “defraudación” en las demoras en la construcción de viviendas sociales en el barrio "Martín y Omar".

Ese barrio corresponde a una de las zonas postergadas del municipio de San Isidro, gobernado por los Posse desde prácticamente el regreso de la democracia, en 1983.

El Plan Federal de Viviendas, impulsado durante el anterior gobierno, había financiado un plan de construcción de 250 casas, pero de ese total sólo se concretaron 44.

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Sin embargo, afirmó Di Lello, los certificados de obra consignaron que el plan se ejecutó en un porcentaje superior al 99 por ciento.

De esa manera, se habría causado al erario un perjuicio del orden de los 30 millones de pesos.

Di Lello extendió la acusación a los responsables del área de obras de la Municipalidad de San Isidro y a los directivos de las empresas contratadas para las obras, "Soluciones Urbanas SRL", "Emaco SA" e "Inelco".