Ante la imposibilidad de coseguir los votos necesarios, el Gobierno considera dar marcha atrás y cambiar la estrategia para debilitar a Gils Carbó.

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En cambio, buscaran consolidar acuerdos parlamentarios para lograr una efectiva reforma del Ministerio Público y, al menos, recortarle el poder a la jefa de los fiscales, según asegura La Nación.

La diputada cuestionó la duración de cinco años que quería dársele al mandato de Gils Carbó e insistió en que para echarla había que recurrir al juicio político.

Según la ley vigente, para desplazar a la procuradora se necesitan dos tercios de los votos en cada cámara, una mayoría que el oficialismo no puede reunir en Diputados ni en el Senado.