A poco de que se cumpliera un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, la UBA lanzó un contundente apoyo a la familia con grandes críticas al rol del Gobierno nacional. El comunicado salió luego de una votación unánime del Consejo Superior. Ese mismo día, la Facultad de Derecho de la misma universidad se negó a pronunciarse sobre el joven que fue llevado por la Gendarmería.

En la sesión del martes 29 de agosto, la mayoría de los consejeros directivos de la casa de altos estudios legales se manifestó en contra de la propuesta, por argüir que no había sido presentada antes del encuentro. La reunión estuvo presidida por el vicedecano, Alberto Bueres, quien también se postula al decanato por el oficialismo.

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Desde el entorno de la decana, Mónica Pinto, explicaron a El Destape que no encabezó el encuentro porque en ese momento embarcaba a la India para asistir a la Comisión Internacional de Derecho. Sobre la decisión, defendieron que “se pasó a una comisión para consensuar entre todos el texto que va a salir emitido en dos semanas, en la próxima reunión del Consejo Directivo”. La dilación no había conformado a los estudiantes que presenciaron el debate, ya que se retiraron del lugar acusando a los delegados de tener sus manos “machadas de sangre”.

Este medio quiso también consultar a Pinto por su posición personal ante el rol del Gobierno en la desaparición de Maldonado, pero transmitieron que la abogada “no está contestando preguntas a nivel político”. Idénticas palabras llegaron al preguntar por la investigación abierta en el Juzgado de María Servini, quien investiga la presunta discriminación que le ejerció al docente y constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

El candidato de la lista opositora Facultad Activa, Daniel Roque Vítolo, mostró su profundo malestar sobre el escándalo. El profesor titular de derecho comercial y director del departamento de derecho económico empresarial se enfocó en que, justamente, las autoridades no explicaron su rechazo a pedir ese día por el joven desaparecido por las fuerzas de seguridad.

El Destape: ¿Por qué el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho se negó a redactar un comunicado a favor de la aparición de Santiago Madonado en ese mismo día?

Vítolo: Lo cierto es que no lo sé, ni puedo explicármelo. Yo no fui convocado a la reunión porque soy simplemente consejero suplente, y desconozco las razones que puedan haber llevado a los consejeros profesores titulares a negarse a señalar su preocupación por un tema que hoy está vigente y cala hondo en todos los ámbitos de nuestro país y del mundo y tiene consternada a la población.

Pero lo que me resulta más extraño -e incomprensible- es que quienes gobiernan y administran la facultad hoy se hayan apartado, en forma voluntaria y de un modo tan drástico y notorio, de la posición que, frente a este grave suceso, había asumido el Consejo Superior de la UBA. La universidad ese mismo día se pronunció con una declaración oficial muy clara y terminante señalando que estaba profundamente preocupada por lo ocurrido, exigiendo al Estado Nacional la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado y la adopción de las medidas necesarias para proteger a la comunidad manifestante. La Facultad de Derecho se negó a seguir ese camino, según surge de los hechos conocidos. Ni el vicedecano ni los consejeros profesores han dado una explicación por la actitud asumida; y ello realmente desconcierta.

¿A qué intereses responden quienes votaron en contra del pronunciamiento sobre Maldonado, que tuvo apoyo unánime en el Consejo Superior de la UBA?

No me parece que sea una cuestión de intereses. Me da la impresión que lo que ha ocurrido es que la mayoría de los consejeros profesores que estaban en la sesión del Consejo Directivo que rechazó el pedido de pronunciamiento sobre el caso Maldonado integran la lista oficialista de un movimiento político que maneja la facultad desde hace más de veinte años cuyo mandato está venciendo próximamente y, como hay elecciones dentro de una semana, no quisieron tomar riesgos asumiendo una declaración sobre este tema tan grave que pudiera generar alguna inquietud entre sus votantes adeptos.

La lista oficialista que se presenta a las elecciones es una alianza política de sectores radicales vinculados con (Martín) Lousteau en la Capital, que han sumado a algunos miembros de Justicia Legítima y sectores peronistas de La Cámpora.

¿Existe un compromiso de la decana y el vicedecano actuales con los derechos humanos?

Mire, la decana Mónica Pinto es profesora titular de la materia derechos humanos y siempre se ha pronunciado en favor de estos derechos en forma pública. Ahora bien, en lo referente a Santiago Maldonado, no se le conoce opinión, y el caso lleva más de un mes sin resolverse y sin que haya una pista significativa en el curso dela investigación.

En cuanto al vicedecano Alberto Bueres, yo no tengo motivos para sospechar que no tenga un compromiso personal con los derechos humanos. Ahora bien, en sus ocho años de vicedecanato no lo he visto pronunciarse o generar iniciativas en este campo. Tampoco los derechos humanos integran el elenco de propuestas en su candidatura a decano para la próxima elección. La carta en la cual el profesor Bueres hace pública su candidatura no menciona este aspecto en modo alguno. Hace meses que lo vengo invitando a debatir públicamente antes de las elecciones, y ésta sería una buena oportunidad para conocer su posición al respecto. Pero hasta ahora no he tenido respuesta sobre mi invitación al debate.

¿Cómo interpreta que la decana, quien es titular de una materia de derechos humanos, esté investigada en una causa por discriminación contra el docente Andrés Gil Domínguez ante la Justicia Penal?

Mire. En esto hay que ser muy prudente y delicado. Si la Justicia está interviniendo, no me parece adecuado interferir con opiniones personales hasta tanto no recaiga una resolución judicial en el caso. Considero que hay que seguir confiando en la Justicia que es la que tiene la última palabra.