Pagar poco, cobrar mucho y ganar tiempo. Ésa fue la estrategia histórica de la familia Macri respecto a Correo Argentino. Pagar poco su deuda con el Estado, cobrar mucho la supuesta deuda del Estado con ellos y dilatar la cuestión hasta un momento favorable. Esa estrategia sigue vigente, pese a que la Corte Suprema rechazó en 2009 la posibilidad de mezclar los juicios por deudas tal y como pretende, aún hoy, el presidente Mauricio Macri cuando plantea una “solución integral” a la cuestión del Correo.

En la visión de los Macri, la culpa del quebranto de Correo Argentino fue del Ejecutivo. Por eso, todos estos años insistieron por vía judicial en que su deuda tenía que compensarse con el dinero que obtuvieran de sus juicios contra el Estado. Un círculo perverso aún vigente, pero que el máximo tribunal ya impugnó hace años.

Lo dijo la Corte Suprema

La cuestión llegó en 2008 al máximo tribunal del país por un recurso del Estado Nacional, interpuesto por los abogados Alberto García y Alejandro Vera. El Ejecutivo advirtió una maniobra reiterada de la familia Macri: la intención de compensar su deuda con el Estado con una supuesta deuda del Estado con ellos. Era un negocio redondo, ya que aparentemente debían menos de lo que les debían.

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La estrategia de los Macri fue rechazada por el primer juez de la causa, Eduardo Favier Dubois. Pero los Macri apelaron y llegaron a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por entonces integrada por dos de las juezas que aún hoy permanecen en el cargo: Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ana Isabel Piaggi (que benefició en esta causa a los Macri en 2003 y luego se excusó de intervenir por estar casada con Jorge Vanossi, ex diputado macrista). La Sala B argumentó que el rechazo a la estrategia Macri era prematuro y que tenían que analizarse si existían estos supuestos créditos a favor de los Macri. O sea, ganar (o dilapidar) tiempo. Fue entonces cuando el Estado Nacional interpuso el recurso para llegar a la Corte Suprema.

El fallo de la Corte tiene fecha el 17 de marzo de 2009, y lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay (esta última en disidencia). Son dos párrafos cortos, ya que recogen los fundamentos y conclusiones del entonces Procurador General de la Nación Esteban Righi, que dictaminó el 4 de junio de 2008 que debía rechazarse la decisión de la Sala B que, en los hechos, acompañaba la estrategia dilatoria de los Macri.

Como los supremos refieren al dictamen de Righi, allí se encuentran los ejes de este fallo que sienta precedente para el futuro de las causas por las deudas de la familia presidencial. En su dictamen, el entonces procurador Righi dejó traslucir la característica que recorre todo el expediente: la intención de los Macri de demorar la causa para no pagar. Por ejemplo, la referencia a la queja del Estado Nacional por las maniobras de tendían a “dilatar injustificadamente el proceso” y que esta demora en “la percepción de la renta del Fisco produce consecuencias irreparables”. O sea, mientras hoy Macri y sus colaboradores insisten en que fue el Gobierno anterior quien demoró la causa, en 2008 el procurador Righi mostraba lo contrario. No fue el único.

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Righi fue muy duro con las camaristas que, en ese entonces como hoy, incidieron en la causa. Argumentó que la Sala B no hizo referencia “a los abundantes y serios planteos vertidos reiteradamente una y otra vez por el Estado Nacional” y que no pudo “ni refutar o rebatir ninguno de los argumentos expuestos por el juez” de primera instancia para rechazar el pedido de los Macri de mezclar las deudas.

Para el entonces procurador, el aval de la Sala B a la estrategia dilatoria de los Macri “se sustenta en afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva latitud carentes de la mínima argumentación”. Todo esto en 2008.

“No cumplo si no cumples”

Dos personas, sea físicas o jurídicas, pueden tener múltiples juicios en común. Los Macri (a través de Correo Argentino SA) y el Estado Nacional son un ejemplo. Acumulan una veintena de juicios recíprocos. Pero la cuestión es que los juicios no son de suma cero: un juicio no anula otro y menos aún si están radicados en fueron distintos, con competencias distintas. En este caso, el concurso de Correo Argentino SA por el cuál los Macri le deben al Estado está radicado en el fuero Comercial; la demanda de los Macri contra el Estado tramita en el fuero Contencioso Administrativo.

El primer juez de la causa por la deuda de los Macri, Eduardo Favier Dubois, fue claro cuando Correo Argentino SA planteó esta estrategia de compensar un juicio con otro: “este no es el ámbito para dirimir la existencia o no” de la deuda del Estado con los Macri. Ante esto, los Macri apelaron y plantearon que el Estado les debía 426 millones de pesos, de los cuales 140 millones eran por servicios postales prestados a diversos organismos y 286 millones por “mayores costos de un encuadramiento sindical del personal”. O sea, le exigían al Estado una deuda por no poder flexibilizar las condiciones de trabajo.

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Por ese entonces, las cifras que se manejaban eran menores a las actuales pero el resultado era el mismo: los Macri salían ganando. En concreto: los Macri reconocían una deuda de 296 millones de pesos y exigían una deuda de 426 millones al Estado. Según cita Righi en su dictamen, sostenían que eran deudas “exigibles y compensables”. Con las cifras actualizadas, hoy la cuestión se repite. Según la propuesta que aceptó el Gobierno (y que luego, tras el escándalo desatado por su publicidad, tuvo que dar marcha atrás), los Macri quieren pagarle al Estado 600 millones de pesos y, en una nueva demanda que iniciaron en 2016, pretenden cobrarle 2.365 millones. Los 1.765 millones de diferencia son ganancia.

Más aún: la estrategia de, como sintetiza Righi, "no cumplo si no cumples", no tiene como objetivo discutir la deuda de los Macri con el Estado sino, en palabras del ex procurador, “posponer su cancelación”. En síntesis, ganar tiempo con debates jurídicos estériles. La Corte, siguiendo los fundamentos de Righi, ya se opuso en 2009.

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Duplicar juicios, ganar tiempo

Para el ex procurador Righi, y para la Corte que hizo propios sus fundamentos, Correo Argentino y las juezas de la Sala B operaron para demorar este expediente y eso generó un daño al Estado. En concreto, las juezas dieron lugar al pedido de los Macri para generar medidas de prueba sobre la supuesta deuda del Estado con ellos, a pesar de que se trataba de otro juicio y en otro fuero. Por ejemplo, Correo Argentino pedía que “se corroboren las liquidaciones y certifiquen las 4.000 facturas emitidas por el Estado Nacional”. En palabras de Righi, estas medidas fueron “notoriamente improcedentes”.

“En definitiva -sostuvo Righi-, la reedición de cuestiones debatidas en el fuero contencioso administrativo federal importa una superposición de procesos que va en desmedro del principio de celeridad procesal con el peligro de pronunciamientos contradictorios que puede acarrear un perjuicio no susceptible de reparación ulterior”

El dictamen de Righi detalla, como en todo el expediente, el origen de esta disputa. Por un lado, la deuda de Correo Argentino SA por 296.205.376 pesos por no pagar el canon de “cinco periodos semestrales -saldo septiembre 1999, marzo de 2000, septiembre de 2000, marzo de y septiembre de 2001- anteriores a la presentación en concurso”. Por el otro, que los Macri insistían en que no pagaron por culpa de los incumplimientos por parte del Estado del contrato de concesión.

Righi, en su dictamen, destacó que la ley de Concursos y Quiebras “únicamente impone al acreedor el deber de demostrar la existencia de su crédito y exigibilidad, no el cumplimiento de lasobligaciones que tenga con la concursada”. En este caso, que el Estado tiene que demostrar que Correo Argentino (la concursada) le debe dinero (algo que efectivamente hizo) y nada importa si el Estado le debe o no a los Macri.