A pesar de que la Justicia aún no se pronunció por el pedido de demorar la audiencia de Correo Argentino, en un mes caducarán los 120 días de prórroga solicitados por la compañía de la familia de Mauricio Macri. La empresa y el Gobierno habían acordado el año pasado la condonación de $ 70.000 millones de la deuda. Luego de ser denunciado por la fiscal del caso, el documento fue deshecho por pedido del Presidente.

Correo Argentino se encuentra en concurso de acreedores desde 2001, pese a que estos procesos duran regularmente entre dos y tres años en el fuero comercial.

En junio de 2016, el ex Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, aceptó una propuesta de la empresa por la que pagaría todo su pasivo con el Estado pero en 16 cuotas anuales hasta 2033 y a un interés ínfimo. Para la reunión no fue notificada la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien, al ver el arreglo le solicitó asesoría a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI).

Los economistas y contadores de la Procuración General, a cargo de Judith König, calcularon que por la inflación y la tasa acordad, en ese acto el Estado le perdonó a la empresa de Macri $ 70.164 millones. Luego de que Boquin revelara la cifra en un dictamen, el propio Presidente solicitó “volver a foja cero” y desarmar el contrato.

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Antes de la nueva audiencia convocada el 16 de marzo para tratar un nuevo arreglo, los representantes de Comunicaciones solicitaron que el encuentro se aplace 120 días. Las juezas de la Sala B María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini le corrieron vista a la Fiscalía General, a las sindicaturas y a la Procuración del Tesoro. Esto último derivó en la renuncia de Carlos Balbín y la jura del exabogado del Grupo Macri, Bernardo Saravia Frías.

De acuerdo a cómo se desarrolló el proceso, el 25 de septiembre vence la prórroga requerida, en caso de que se consideren los días como hábiles. Si se cuenta la solicitud por jornadas corridas, la fecha caducó el 14 de julio. La compañía no aclaró cómo computarlo en el pedido.

Por lo que, en caso de que las camaristas finalmente respalden a Boquin y denieguen la dilación pedida, será intrascendente porque en los hechos ya se consumó. La fiscal explicó que nuevas demoras en el expediente que las juezas llevan hace 16 años perjudican al Estado y al resto de los acreedores, que continúan sin cobrar.

En caso de que la Sala B se incline nuevamente a favor de Correo Argentino, podría comenzar el conteo de los días desde la audiencia no celebrada, pero también desde su fallo.

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Luego de los descubrimientos de Boquin, el fuero Penal Federal inició una investigación contra Macri, Aguad, Saravia Frías y otros funcionarios, junto a ejecutivos del grupo, por el vaciamiento de la compañía postal. La causa la lleva el juez Ariel Lijo, con la vista del fiscal Juan Zoni.

La fiscal de Correo, en la mira del Gobierno

Durante el domingo de las PASO, la CNN en Español transmitió una entrevista a Macri en la que descalificó a Boquin por investigar esta causa sensible para los intereses de la familia presidencial.

Ante el periodista Andrés Oppenheimer, el jefe de Estado relató que "el tema iba avanzando en una dirección. Una fiscal totalmente politizada impugnó; hizo unos cálculos matemáticos totalmente estrafalarios no respetando la ley de quiebras. Entonces yo lo que dije: 'Señores, vuelvan todo a foja cero, que intervenga el tercer poder que es el Congreso con la Auditoría General de la Nación y diga cuál es la solución de esto'. Yo no quiero tener nada que ver".

La aparente indiferencia del mandatario en el caso queda trunca cuando requiere que el Poder Legislativo intervenga en un asunto exclusivo del Judicial, al igual que cuando ordenó desarmar un acuerdo firmado por un ministro del Ejecutivo que responde directamente ante él, como Aguad.